En la edición de ayer este diario se hizo la pregunta sobre si la declaratoria de una tercera Emergencia Económica era necesaria y para qué se ejercería. Lo anterior ante una solicitud de 29 senadores al presidente Iván Duque y la creciente discusión sobre el tema entre analistas y dirigentes gremiales.
El Gobierno Nacional ya ha usado sus funciones constitucionales para decretar el Estado de Emergencia Económica y Social en dos ocasiones. En la primera se expidieron 91 decretos con fuerza de ley y en la segunda, fueron 47.
Bajo la sombrilla de esos estados de excepción la Casa de Nariño diseñó su respuesta frente a la pandemia del coronavirus en distintas áreas desde, la creación de los vehículos institucionales de la Emergencia como definiciones de nuevos programas de transferencias monetarias y ayudas específicas a distintos sectores, hasta incentivos tributarios.
De hecho, la Corte Constitucional ya declaró inexequibles la decisión de reducir los aportes a pensión de los trabajadores y el decreto que establecía subsidios en el servicio de agua para los hogares más vulnerables.
Si bien ya el primer mandatario declaró que no quería anticiparse a ninguna decisión sobre una tercera Emergencia, dos áreas en la respuesta a la pandemia del coronavirus podrían ameritar la necesidad de esgrimir estas facultades extraordinarias.
Se trata de los programas de ayuda monetaria a los hogares pobres y las medidas destinadas a proteger al sector empresarial de la quiebra. Tanto los avances sociales en lucha contra la pobreza como cientos de miles de empresas están hoy en riesgo por el impacto de la covid-19 en la economía.
Una nueva Emergencia podría servirle al Ejecutivo para el fortalecimiento de las medidas ya implementadas o la puesta en marcha de nuevos paquetes de alivios para blindar los empleos, las empresas y los hogares. Para un eventual despliegue de esas iniciativas, es necesario mantener todas las opciones abiertas.
Francisco Miranda Hamburger
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