El pasado viernes 28 de agosto, en la clausura del congreso de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), el presidente Iván Duque se comprometió con la creación de un “grupo de alto nivel” entre el alto Gobierno y el sector privado para discutir la reactivación empresarial.
Han transcurrido 11 días y no está completamente definida todavía la conformación de esta comisión. El compromiso del primer mandatario se traduce en un espacio público-privado para evaluar propuestas para el salvamento del sector empresarial colombiano.
Las “comisiones de alto nivel” no gozan de buena reputación cuando de generar respuestas concretas, efectivas y urgentes se trata. Y eso es precisamente lo que las empresas de todos los tamaños del país requieren en estos momentos: respuestas a los pedidos de extender y robustecer el paquete actual de ayudas gubernamentales al sector privado.
No obstante, la oferta del presidente Duque para debatir y diseñar propuestas para salvar a las empresas es bienvenida ante la gravedad de la situación. Aunque las condiciones económicas vienen mejorando desde abril al inicio de la cuarentena, aún no se ha sentido el pleno impacto de la crisis sobre el tejido empresarial y sobre los empleos.
Cualquier estrategia gubernamental de generación de puestos de trabajo debe incluir medidas para la protección y conservación de los empleos ya existentes. En especial, cuando sectores enteros de la economía sufren restricciones para la oferta y caídas en la demanda. Es evidente que el Gobierno Nacional ni siquiera pondera propuestas como la de la Andi, de un paquete billonario de salvamento con un préstamo del Banco de la República.
Sin embargo, lo anterior no borra la necesidad de implementar medidas más allá de la extensión del plan de ayudas a la nómina (PAEF) -en trámite en el Congreso- o de los créditos -de difícil llegada a los más pequeños-. El sentido de urgencia es clave en una crisis como la que los empresarios están sufriendo.