Si algo hizo fracasar el proceso de sustitución de importaciones y posteriormente el de la promoción de las exportaciones, que se aplicó en Colombia hasta finales de los años ochenta, fue indudablemente la cooptación del Estado y de los gobiernos que aplicaron políticas públicas que transfirieron el poder económico de todos los ramos a un sector burgués industrial, promoviendo, con el cierre a los mercados externos, un alto grado de oligopolización y concentración del capital, y el ingreso y la creación de grupos financieros que todo lo podían.
Si algo ha hecho fracasar el mal denominado proceso de ‘internacionalización’ es haber permitido, desde el Estado y los gobiernos, normas infinitas de protección y exenciones a la propiedad y a los inversionistas, promoviendo altos índices de centralización de capital y un sesgo en contra de la equitativa distribución del ingreso, favoreciendo al capital multinacional y a los grandes propietarios, en los sectores de los commodities, la agricultura comercial, los servicios antes públicos, la banca y las grandes superficies.
En general, y como resultado: se crece, pero no se asegura el desarrollo ni la sustentabilidad. Y ¿eso qué significa? Simplemente, políticas públicas y de Estado mal diseñadas y peor ejecutadas.
Desde 1991, una autonomía de la banca central, ciega, pero además sorda, cuyo único objetivo es el del control de la inflación sin importar las consecuencias de sus decisiones en materia de política monetaria y de tasas de interés, sobre los sectores reales y la revaluación del peso.
Una debilidad estructural de las instituciones regulatorias que combaten el abuso de posición dominante de mercado por parte de sectores de economías a escala con el poder de generar pingües beneficios monopólicos, olvidando que estos no se distribuirán eficientemente y que la racionalidad del capital es la de “Acumulad Acumulad, ese es el Moisés y los profetas”, C. Marx.
Un hacerse el de la ‘vista gorda’, cuándo no; permitir una abierta corrupción frente a los problemas de contrabando y lavado de activos, y una debilidad manifiesta en los mecanismos y leyes de control de la competencia desleal, tan común en las prácticas internacionales.
Búsqueda de una tasa de cambio real de equilibrio, controles a la competencia desleal y a los monopolios, lucha frontal contra la corrupción, el contrabando y el lavado de activos, y eliminación de prebendas y exenciones a los más ricos. ¿Será mucho lo que se le pide a la democracia y a la política económica?
Pero no, lo que se puso de moda es dar subsidios a los grupos que pueden parar la marcha económica del país, en lugar de proponer medidas profundas que conduzcan al diseño y la aplicación de políticas públicas que ataquen los males de fondo de nuestra economía; se reparte plata de la exigua caja fiscal del país, subsidios y prebendas a unos pocos que pagamos todos los colombianos. ¡Así no!