Las reformas tributarias son planes de financiamiento, el Plan de Desarrollo, de una parte se convierte en propuesta de reforma tributaria y, de otra, en una manera de centralizar el poder de recolección del presupuesto y definición del gasto en inversión en el Ministerio de Hacienda, todo esto apoyado por la solicitud de otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente para modificar, crear o cambiar la estructura de las instituciones del Gobierno.
Nada es lo que parece. Basta ver la Ley de Financiamiento, cuyos resultados fueron totalmente diferentes a los inicialmente planteados. Sin embargo, como el ‘fin justifica los medios’, se consiguieron, en el papel, recursos adicionales por más de 7 billones de pesos para cubrir un faltante inexistente frente al presupuesto presentado por la administración anterior. La verdad, no fueron más los recursos porque al gobierno le fue imposible imponer el IVA a toda la canasta familiar, colocar nuevos impuestos a las pensiones o aumentar las cotizaciones en salud para los trabajadores independientes.
Ahora que se presentó el proyecto de ley para aprobar el Plan de Desarrollo, comienza el sainete: el gobierno uno le lleva la contraria al gobierno dos. El gobierno dos le da la orden al gobierno uno de no retirar los subsidios en el pago de las facturas de la luz a los más vulnerables, sin definir qué significa eso y, muy seguramente, la orden será la de afectar exclusivamente al estrato tres: el yoyo de las clases sociales. Hoy, clase media baja, mañana pobre, pasado mañana miserable y, después, otra vez clase media baja, y así sucesivamente.
De otra parte, noblemente, el gobierno dos ordenó retirar del proyecto el incremento a las cotizaciones de los trabajadores sin nombre: ‘órdenes de prestación de servicios’. Lo que sigue: eliminar en la discusión el centralizador artículo 35 del proyecto de ley, el cual convertiría en omnipotente al Ministro de Hacienda para asignar, a dedo, los recursos de inversión y las regalías, y eso, aparentemente, será un triunfo del Congreso y los exjefes de planeación.
Si lo que se quiere es promover la economía productiva, las mypimes, la formalización, la ‘economía naranja’, basada en la creatividad y el desarrollo del progreso técnico, ¿por qué no se elimina el pago anual del registro mercantil y se les permite a las cámaras de comercio convertirse en competitivas y dejar de ser fortines políticos del gobierno y algunos actores en las regiones? ¿Por qué los fondos en sectores productivos se convirtieron en eternos y no puede eliminarse paulatinamente esa parafiscalidad que tanto conflicto genera? ¿Cuál es la justificación para someter al sector agrícola a la competencia desleal que generan los subsidios y las ayudas internas de los países desarrollados que sí propugnan por su soberanía y seguridad alimentaria?
Pero eso es pensar con el deseo. Proponer que se eliminen los subsidios a los que no los necesitan es correr el riesgo de ser tachado de ‘populista’, aunque eso signifique promover la competencia, el libre mercado y una mejora en la equidad. Es el arte del engaño. Nunca se sabrá qué era verdad. Habrá que esperar que todos los micos se encuentren sobre el tablero para saber hacia dónde se dirigen los disparos.
Germán Umaña M.
Profesor universitario
germanumana201@hotmail.com