El ‘club de los ricos’

Sería interesante conocer la posición de los candidatos sobre el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), la cual está por definirse en los próximos meses y pasará al examen del nuevo Congreso y, posteriormente a la Corte Constitucional. Será una oportunidad excelente para mostrar el grado de compromiso con el país frente al análisis de las consecuencias en el cumplimiento de las recomendaciones de los 23 comités de esa institución, cuyas orientaciones tienen características similares a las ‘mal denominadas’ Cartas de Intención del FMI: cumple o cumple.

Hay que recordar que esta organización se orienta en lo fundamental a hacer viables sus intereses de seguridad jurídica a sus inversiones en el abortado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), cuestionado en su momento por el Consejo Ecuménico para las Iglesias y por los países en desarrollo, pues se constituía en una cesión total de la soberanía jurisdiccional, de la democracia y la entrega de la solución de controversias en esta materia a la meritocracia y a tribunales de arbitramento, los cuales se encuentran conformados por profesionales de la más exegética interpretación de la ley, que ni siquiera se imaginan que puede existir un conflicto entre la minería y la destrucción de recursos no renovables como el agua.

La estrategia que siguieron ante ese fracaso fue la de bilateralizar el AMI, por medio de la imposición de los tratados de protección de inversiones, que ampliaron el ámbito de aplicación a las inversiones que se realizan no solo en bienes, sino en servicios, capital conocimiento: patentes y derechos de autor que afectan el cumplimiento de los derechos fundamentales, como la salud, la educación y la producción de alimentos (agroquímicos), así como capital de portafolio y hasta endeudamiento externo.

Y para asegurar que se cumpla lo estipulado en los tratados, el hermano gemelo de la Ocde, en otra institución manejada por el club de ricos: el Banco Mundial, creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en donde nuestro país se encuentra demandado por miles de millones de dólares dizque por el incumplimiento de las normas de los TPI. Muchas de ellas se perderán, las pagarán los gobiernos de turno y se las cobrarán a ustedes.

En esencia, Colombia cedió la soberanía jurisdiccional, y la protección a la inversión extranjera y el capital multinacional es ‘cuasiabsoluta’. De otro lado, no hay acuerdos multilaterales ni bilaterales que nos permitan combatir sus abusos de posición dominante de mercado en precios o contra su vocación depredadora.

Ese fue y seguirá siendo el ‘segundo huevito’ de la seguridad a la inversión de la propuesta de los candidatos de la derecha. Y, uno ingenuo se pregunta, ¿qué más quieren? ¿Destruir los páramos para darle vía libre a la minería? ¿Acabar definitivamente con las reservas para reemplazarlas por cemento? ¿Que no tomemos agua, sino petróleo? Ese sería un verdadero tema de debate en las elecciones.

Desafortunadamente, es pedirle a la ‘ortodoxia económica’ de los defensores del club de ricos que produzcan "peras con los olmos”.