Presidente Santos, gracias

El mayor privilegio que puede tener un hombre es el de la libertad. Tal vez lo más importante es ejercerla, cultivar el libre pensamiento, no permitir que presiones sociales, intelectuales o de grupo la limiten. Eso, estimados lectores, no es fácil. El libre pensamiento nos aleja casi siempre de lo que se considera ‘políticamente correcto’, nos convierte en ‘ácratas’ frente a una sociedad pacata y determinística. Tal vez lo más complejo es aprender a reconocer los aciertos de los que piensan de manera diferente, escucharlos, dialogar, a pesar de las diferencias, y tratar de llegar a acuerdos mínimos para convivir en paz.

Nadie podría pensar que solucionar el problema de la injusta propiedad de la tierra en el país no es el primer punto de la agenda de futuro en nuestra sociedad. Perdón, siempre y cuando no se tengan intereses creados en su desigual distribución en Colombia. Ellos están identificados: los expropiadores violentos: paramilitares, narcotraficantes, narco políticos, parapolíticos, grupos armados: guerrillas, disidentes, etc. o, acumuladores ilegales de baldíos, hoy propietarios de grandes proyectos agroindustriales, terratenientes con cédulas reales o tierras adquiridas en el pasado, improductivas, de engorde, conviviendo con masas de población de campesinos sin tierra, pero que podrían ser la base de proyectos regionales de desarrollo.

Desafortunadamente, los sectores urbanos no solamente ven lejana la guerra que desangró las regiones y a la Colombia profunda, sino que poco les importa. Esa desidia se manifiesta en la elección de un Congreso plagado de defensores de la desigualdad, de los latifundios, o las tierras mal habidas, o de los farsantes dizque “compradores o poseedores de buena fe” que se oponen a la aprobación de una ley de tierras que dé solución definitiva, legal, institucional y justa, a la restitución de tierras a los desplazados por la violencia y legítimos propietarios, a los que han trabajado la tierra por generaciones con programas simples de formalización y, además, a la definición de una política clara, en relación con la adjudicación de baldíos o la devolución de aquellos que han sido adquiridos con artimañas jurídicas que han conducido a una expropiación de la nación.

Eso es lo que quieren tumbar del acuerdo de paz. No soportan perder sus privilegios espurios. Si se logrará el cambio, bastaría una política de aguas, financiamiento, asociatividad, emprendimiento, incorporación de progreso técnico y participación de la educación superior en la formación, investigación y asesoría al agro, para crear masas críticas de profesionales y tecnólogos que sean agentes de cambio.

La verdad, este es uno solo de los puntos fundamentales del acuerdo en la Habana. Otros, los comentaremos en el próximo artículo: la justicia transicional, la consolidación de los derechos de las minorías y el cierre de la brecha en la desigualdad. La agenda y sus desarrollos dejan la posibilidad a las futuras generaciones para hablar de paz y de futuro, y nos permite ejercer con más tranquilidad la libertad, ojalá sin guerra y con la derrota de los violentos y los asesinos de todos los pelambres, que son los menos. Ellos se lo agradecerán, señor Juan Manuel Santos. Usted pasó bien a la historia.