El ‘conflicto’ –sólo así puede llamarse– por la reforma a la ley de educación presentada ante el Congreso de la República se encuentra en un punto ciego. A pesar de las discusiones y debates que se han dado, lo que se ha logrado es profundizar las diferencias entre el Gobierno y los estudiantes, como un vivo ejemplo de lo que es un diálogo con un sordo: el Ministerio de Educación ‘escucha, pero no oye’.
No es una diferencia de dinero, es de política de la educación.
La educación es un derecho fundamental y es la base de la política de desarrollo de largo plazo. Sumada a la salud y al aumento del poder adquisitivo, es el pilar de la mitigación de la desigualdad. La educación no debería ser considerada un servicio que se vende como una mercancía.
De esa perversa manera lo estipula el Acuerdo para la Promoción del Comercio, mal llamado TLC entre Colombia y Estados Unidos.
Si es un derecho fundamental, la autonomía universitaria debería encontrarse orientada a cumplir equilibradamente con los objetivos misionales de fortalecimiento de la investigación, la docencia y la extensión solidaria, al servicio del desarrollo nacional, no de las empresas.
Son metas a cumplir en lo público, llámense instituciones públicas o privadas.
En ‘estricto sensu’, debería ser un modelo de oferta pública con acceso universal que complemente el desarrollo de una educación básica, primaria y secundaria de las mismas características.
Por supuesto no de demanda y de mercado, competitividad y eficiencia, al servicio simplemente de la empresa.
Por lo tanto, en la discusión de política educativa es tema esencial el del análisis del equilibrio entre aumento de la cobertura coherente con el de la calidad. Ese es un círculo virtuoso.
Más cobertura con menor calidad es simplemente reproducir condiciones de desigualdad. Estratificar la educación y promover la ‘falacia’ de que la cobertura es para los de segunda y la calidad para los privilegiados, es absolutamente inequitativo.
La función de las instituciones es la de asegurar el cumplimiento de los derechos y, en este caso, el de la educación, con un objetivo claro de financiamiento a las instituciones educativas y a su autonomía, también con exigencias objetivas sobre su rentabilidad social.
El movimiento estudiantil ha entendido que lo que está en juego es más que una política financiera. Es el futuro del desarrollo y la sostenibilidad de la educación al servicio del país.
El debate es pertinente y así lo deberían entender el Congreso y el Ejecutivo. Dar un paso atrás para analizar lo fundamental es necesario y, en su interior, deberían estar pensando en la búsqueda de salidas en democracia y no en la aplanadora de la mal llamada unidad nacional, para imponer el absurdo.
Con Mercedes Sosa: “me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho”.