Parecería que en las próximas semanas se aprobará definitivamente el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos.
Sigo considerando que los resultados de la negociación fueron profundamente asimétricos para nuestro país, especialmente por los siguientes factores:
Aumentarían más las importaciones que las exportaciones, especialmente de bienes agrícolas, afectando producciones nacionales y eliminando empleo en los sectores de mayor valor agregado, sustituyéndolo por empleo no calificado.
Alguien me dirá que el aumento de las importaciones disminuirá los precios relativos y aumentará el bienestar y la capacidad de compra, agrego yo, sin ánimo de polemizar, de los desempleados.
Los periodos ampliados de monopolio concedidos en propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, etc.), nos alejan y hacen más costoso el acceso a la ciencia, tecnología, la innovación y el desarrollo.
Algunos de los economistas del establecimiento, con agilidad, me responderán que esa negociación es simplemente una respuesta a las fallas de mercado y, por lo tanto, en este particular caso, no hay que creer en el libre comercio, por ejemplo, de medicamentos y agroquímicos, salud y alimentación. La verdad: “a otro perro con ese hueso”.
No hay en el Tratado una ley de competencia que nos permita controlar el poder de mercado de las multinacionales norteamericanas, denunciando sus prácticas en EE. UU., en lo pertinente al abuso de posición dominante de mercado derivado de las economías a escala.
Lo que queda son las leyes nacionales. Débiles, no por la buena o mala voluntad de sus administradores, sino simplemente por la asimetría e insuficiencia de información sobre las prácticas desleales. ‘En tierra de ciegos, el tuerto es rey’.
La seguridad infinita concedida a los inversionistas extranjeros directos (bienes y servicios), al capital de portafolio, al capital conocimiento y hasta el endeudamiento externo, es un derecho absoluto a la propiedad como derecho de primera generación, y se convierte en contradictoria y antagónica con el resto de derechos económicos, sociales y culturales que además se encontrarán limitados en su aplicación por la denominada regla fiscal.
No nos engañemos: lo negociado es un tratado de protección de inversiones, no de libre comercio.
Mientras que el TLC cuenta con capítulos consistentes en cuanto a la prestación de servicios del interés del país desarrollado, como los financieros y de telecomunicaciones, nada, o muy poco, se negoció en el modo cuatro que se refiere al libre flujo de personas, profesionales o empresas. Adicionalmente, la protección a la diversidad biológica y a los conocimientos vernáculos o tradicionales y contra la piratería, es un saludo a la bandera.
Lo que queda es hacer el seguimiento al desarrollo del Tratado y hacerlo público.
Ojalá la academia fortalezca sus observatorios al respecto y no solamente lo que se presente a la opinión sea el resultado de consultorías contratadas que predeterminan sus conclusiones.