Los abusos de los imperfectos

Cuando uno estudia o enseña economía, tardíamente se da cuenta de que la teoría de la competencia perfecta, la mano invisible del mercado asignando precios de equilibrio por oferta y demanda, así como la estrategia aplicada por los modelos globalizantes para debilitar el papel del Estado y los gobiernos en control de las prácticas anticompetitivas, se han constituido en una “espada de Damocles” que impide el cumplimiento de derechos humanos fundamentales.

Lo antedicho obedece a lo que se ha denominado en la teoría económica las fallas de mercado, ya sea por la existencia de barreras de entrada a nuevos competidores por la magnitud de la inversión, la limitación al acceso al capital conocimiento (patentes, derechos de autor, tratados de protección de inversión etc.), o producto de la información asimétrica y la inercia en las redes de comercialización.

Esas fallas conducen a comportamientos de competencia imperfecta ejercida por los monopolios u oligopolios, donde los precios no se fijan por oferta y demanda, sino por un sobrecosto consecuencia del poder de mercado de las empresas y la patente de corso que reciben si los reguladores no controlan las prácticas anticompetitivas.

Sectores de servicios públicos son parte de este comportamiento de precios desproporcionado. Los ejemplos son muchos: ENEL en Bogotá, EBSA en Boyacá, Electricaribe en la Costa Caribe, por citar algunos, cuyas facturas están llegando a los colombianos, impotentes desde su encierro de cuarentena para ejercer la protesta frente a tamaños desaguisados.

De otra parte, se nos recuerda que el 90% de los recursos del sector financiero son de los ahorradores y no pueden ponerse en peligro. Por eso el Estado otorga una garantía del 90% para los préstamos que aprueben, disminuye el encaje, así como las tasas de interés del Banrepública, aumenta la liquidez y, sin embargo, los recursos no fluyen hacia empresas o personas, ni bajan las tasas de intermediación, ni los bancos y sus dueños se acuerdan de sus utilidades pasadas, inmensas y absurdas, para ejercer un mínimo de responsabilidad social.

Y, qué decir de los precios de los medicamentos. En Colombia para aquellos que aún conservan las patentes o son producidos con exclusividad para tratar las denominadas enfermedades de alto costo o tratamientos alternativos para el Covid19, los precios son inalcanzables, inaccesibles para la mayoría de los afiliados al sistema de salud, los comités científicos de las instituciones los suministran y cuando los autorizan es tardíamente.

No señores, la salud es un derecho fundamental que nunca debió privatizarse y los pacientes no somos mercancías, ni los trabajadores de la salud órdenes de prestación de servicios sin estabilidad, con ingresos de miseria y ausencia cada vez mayor de derechos laborales.

Abuso de la posición dominante del mercado, competencia imperfecta, poder de los monopolios y seguridad jurídica por encima del respeto a los derechos fundamentales. Después de la pandemia tendremos que entender la necesidad de cambiar en democracia un modelo que ha limitado el poder del Estado para regular, legislar, controlar y, en esencia, nos ha hecho perder el rostro humano, el equilibrio y la equidad en la sociedad.

Profesor