Una de las manifestaciones más importantes de la actual situación del país tiene que ver con el hecho de cómo los movimientos subversivos armados, especialmente, las Farc y el Eln, han sido debilitados militarmente y su influencia sobre los sectores populares e incluso campesinos es mínima, y en la mayoría del territorio nacional podríamos afirmar que irrelevante.
Dicho lo anterior, sorprende la ingenuidad del diagnóstico sobre lo que ocurre con el paro que actualmente se desarrolla en el país. En lo personal, me opongo a cualquier medida de fuerza y a los bloqueos de las carreteras por parte de los manifestantes.
Sin embargo, no es menos cierto que los que protestan no son ni militantes de las organizaciones armadas, ni narcotraficantes, ni delincuentes, aunque puede haber infiltrados. Gústele a quién le guste, son campesinos, indígenas, pequeños mineros, pequeños cultivadores de coca –que no narcotraficantes–, transportadores de todas las procedencias; hoy se suman a la manifestación los ramos de la salud, la educación, organizaciones sindicales y, en general, sectores de las clases medias y populares.
Tampoco es verdad que las demandas de los manifestantes son aisladas y no puede identificarse un mínimo común denominador.
En el sector agropecuario, el crecimiento de las importaciones que afectan la agricultura no comercial, y por lo tanto a los pequeños y medianos productores, resultado de la entrada en vigencia de los mal denominados tratados de libre comercio, es evidente, y el daño no es coyuntural, sino estructural. Los campesinos sienten que no tienen nada que perder, pues ya lo perdieron todo.
Los precios de los combustibles y los agroquímicos son absurdos en comparación con los de nuestros vecinos y, en general, con el mundo. Los argumentos para continuar manteniendo este comportamiento por parte del Gobierno parecen traídos de los cabellos y de toda ingenuidad.
Las clases medias sienten que las soluciones necesarias a la problemática, en materia de salud, educación, empleo digno y pensiones, se aplazaron indefinidamente y se unen a las protestas.
Lo que se encuentra en juego es un problema de economía y política, es la necesidad de diseñar una nueva agenda que responda a las demandas de la sociedad en su conjunto. Pero, eso no lo entiende la burocracia gubernamental. Está súpita, desconcertada. Ellos son tan inteligentes y tan capaces. ¿Por qué no les creen?
Y, asumen la respuesta al conflicto, los militaristas, los que minimizan el diagnóstico, los que creen que todo se resuelve con más represión. Por lo tanto, la acción armada no es la solución, sino más bien el combustible que atiza el conflicto. Es el momento de grandes cambios en política económica.
Presidente, si no los hace, se los hacen. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Germán Umaña M.
Decano de la Universidad Central