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El paro camionero

Si no se definen las pautas de gradualidad, donde todas las partes queden igualmente satisfechas, lo

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Colombia vivió casi que en la clandestinidad un paro de camioneros que durante la semana pasada y lo que va corrido de la actual ha ido in crescendo, y ya se ha pasado a las vías de hecho, provocando en Bogotá y en diferentes regiones del país problemas que podrán llegar a complicarse cada vez más y afectarían el abastecimiento de alimentos, así como las importaciones, exportaciones y la comercialización interna que se maneja por este tipo de carga.
Hace ya varios años este problema se ha ido generando por el exceso de oferta que existe en el país de este tipo de vehículos y nadie parecía ver la magnitud de lo que se estaba gestando. Son varios los aspectos que aquí influyen: existen desde problemas de aumento del parque automotor con inversiones que provienen de recursos ilícitos, lo que ha sido reconocido por analistas, el Gobierno y las mismas compañías de transportadores; la existencia de un parque automotor obsoleto que no ha sido chatarrizado y sustituido por nuevos vehículos y, por otra parte, la importación de vehículos que no cumplen ni con las normas mínimas de calidad ni con las condiciones exigidas para el transporte.
Todo lo anterior se había mantenido en una ‘calma chicha’ por la existencia de una tabla de fletes que ante el exceso de oferta se había constituido en un piso de precios, lo que permite cubrir los costos mínimos, pero no soluciona el problema del exceso de capacidad de carga. Ahora, con el Decreto expedido por el Gobierno Nacional, se pretende someter al sector a un régimen libre que se autorregulará por oferta y demanda.
El problema es el de siempre: el mercado no responde ante condiciones de competencia imperfecta. Las organizaciones establecidas y los grandes transportadores conservarán su poder de mercado, ya que tienen economías a escala que les permiten manejar menores costos medios unitarios y beneficios monopólicos, mientras los medianos y pequeños transportadores podrían salir del mercado.
El nuevo Decreto no es necesariamente perjudicial, posiblemente contribuiría a ordenar la situación actualmente caótica, siempre y cuando se definan claramente las condiciones de la nueva regulación y es en esto donde nada se encuentra analizado ni acordado. Tendrán que establecerse no sólo reglas claras de juego para evitar el abuso de posición dominante del mercado, que se derivaría de la nueva estructura de propiedad, sino que será necesario establecer cómo y en qué condiciones los pequeños transportadores reestructurarán su negocio o se reconvertirán hacia nuevas actividades productivas y, eso se hace con plata y con subsidios, que conllevarán inclusive desarrollos en materia de recalificación laboral.
Tendrá que plantearse un cronograma de negociación, no de confrontación. Tiene la razón el Gobierno, porque hay que modernizar el transporte de carga. Tienen la razón los pequeños transportadores, porque no pueden perder el trabajo de toda la vida. Si no se definen las pautas de gradualidad, donde todas las partes queden igualmente satisfechas, los costos del paro serán inmensos para el país y los agentes económicos.
No hay que mantener posiciones inflexibles que conlleven a una agudización absurda de contradicciones que se pueden resolver en la mesa de negociación. Conversen, no siempre las cosas se resuelven a las malas. De eso estamos cansados todos los colombianos. ¿Creo?
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