Las elecciones en el Perú son un ejemplo increíble de lo que no debe ser el papel de algunos medios de comunicación.
En efecto, el diario más poderoso de ese país adhiere a la candidata que representa la pérdida de valores más dramática que se produjo en el país vecino, durante el Gobierno de su padre, el señor Alberto Fujimori.
Parecería que nada importa diferente a la defensa de los intereses de los inversionistas y se justifica un negro pasado de violación a los derechos humanos y corrupción impenitente.
Claro, dirán algunos, los hijos no deben responder por las acciones de sus padres y eso es cierto, pero es que lo que era evidente es que la campaña de la señora Fujimori estaba montada sobre las bases y los cuadros del antiguo régimen.
La defensa de los inversionistas para mantener la hipótesis de que son sujeto de derechos, pero no de deberes, ha sido precisamente la gran derrotada en Perú.
Dicho país, que ha logrado el mayor crecimiento en Latinoamérica en los diez últimos años, no ha respondido a las expectativas de los sectores más pobres y medios de la población, los cuales no han recibido los beneficios de ese crecimiento.
A la derrota de los representantes de un modelo económico de crecimiento sin desarrollo se suma el chantaje, que entre otras cosas durará muy poco, del comportamiento inducido de la bolsa de valores. Quiérase o no, tendrán que renegociarse las condiciones a los inversionistas de los sectores primarios y recursos naturales no renovables, tanto en materia de regalías (sus condiciones son draconianas) como en lo pertinente al respeto del medio ambiente y a la salida de utilidades sin ningún beneficio para los países que las generan.
No es ni siquiera el rechazo a perder dinero, sino a ganar un poco menos, pues de las inmensas utilidades habrá que destinar un porcentaje a promover el desarrollo en el largo plazo y a cubrir las aplazadas urgencias de un alto porcentaje de la población peruana.
El mensaje de tranquilidad que en materia económica deberían dar los gobiernos, no solamente el de Perú, sino los de todos los países en desarrollo, es el de que debe existir un equilibrio entre los derechos de la sociedad y los de los inversionistas.
La seguridad constitucional y jurídica debe estar signada por una equidad en la distribución de los beneficios.
Eso no es ni populismo, ni chavismo, ni lulismo, ni izquierdismo, es simplemente hacer sostenible y sustentable el desarrollo en el largo plazo y prepararse para sustituir por ‘algo’ productivo el boom de los recursos naturales no renovables.
No se puede al final terminar miserable en el futuro, aunque se sea inmensamente rico en el presente.