Decisiones emocionales y no racionales

Cuando se esperaba que el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” iría a ser el centro de los debates en los ámbitos económico y académico, sobre la base del sano principio de que hay que mirar a largo plazo y dejar la visión cortoplacista que tanto ha caracterizado el manejo macroeconómico en nuestro país, nos encontramos con la sorpresa de que el alto Gobierno ha tomado decisiones emocionales, lejos de esa visión de largo plazo que en principio había generado admiración y respaldo.

Lo ocurrido con el reajuste del salario mínimo haría palidecer de envidia hasta a nuestro admirado premio Nobel García Márquez. La parafernalia de la Comisión de Concertación Laboral llegó a niveles histriónicos de tal magnitud, que lo menos que uno puede pensar es que personas serias, bien sea a nombre del sector empresarial y/o de los trabajadores, no se prestarán más a semejante desgaste personal e institucional.

Sin embargo, el ingrediente más emotivo y desconcertante lo puso el mismísimo jefe de Estado cuando -para congraciarse con la platea- desconoció de un plumazo lo que el mismo Gobierno había decretado ante el fracaso del organismo de concertación. Nadie desconoce la justicia de conservar el poder adquisitivo de los trabajadores, más allá de que así lo consagre una norma constitucional. Por sólo consideraciones de teoría económica es evidente que una economía donde se desestimule la capacidad de consumo del grueso de su población, está condenada a colapsar. Así lo predijo hace cerca de ciento cincuenta años un tal Carlos Marx y la historia se encargó de darle la razón.

Lo ocurrido fue producto del desconocimiento de la realidad o de un pésimo manejo de la información disponible, y ninguna de estas dos circunstancias es mínimamente aceptable. La platea ha aplaudido la decisión de “upaquizar” el salario mínimo, cuando se pensaba que el fantasma del Upac ya había sido desterrado del entorno económico nacional. Se corrigió supuestamente un error inicial, pero se sentó un pésimo precedente en cuanto a un manejo integral y visionario de la economía.

Sobre la decisión de desmontar -más pronto o más tarde- el impuesto a las transacciones financieras, también cabe el comentario de que las motivaciones no encajan dentro de los parámetros de la racionalidad. Recordemos que este impuesto fue en un principio una contribución de carácter extraordinario frente a dos sucesos catastróficos: la crisis financiera del año 98 y posteriormente el terremoto que en febrero del 99 azotó a la región cafetera de nuestro país. Conjuradas y atendidas estas dos emergencias, la contribución ha debido desaparecer, pero como era de esperarse, el Gobierno anterior se engolosinó con estos recursos y los volvió de carácter permanente. Sin embargo, los expertos en la materia nos habían convencido a los colombianos de que además de ser un impuesto regresivo, tenía un efecto perverso sobre el recaudo tributario al propiciar la informalidad de muy buena parte de nuestra economía, amén de darle una manita a las actividades al margen de la ley.

Si estas consideraciones son ciertas, el impuesto debería desmontarse inmediatamente y no en forma gradual, más aún en las circunstancias actuales de urgencia de recursos para atender la emergencia invernal. El haber diferido y aplazado el desmonte estaría demostrando que esas consideraciones no son ciertas y en este contexto lo sensato no sería desmontarlo, sino todo lo contrario, dejarlo permanente e incluso aumentar su tarifa.

A todas estas, y con todo lo ocurrido, ¿qué estará pensando el DNP acerca de la viabilidad del PND?