Avalancha normativa

En medio de la alegría de las novenas, de las fiestas de fin de año y de la distracción nacional, originada por la decisión de la Procuraduría de sancionar al Alcalde de Bogotá por deficiencias y fallas gerenciales, los colombianos recibimos un gran regalo: la expedición de 21 decretos reglamentarios de carácter tributario, la mayoría de ellos faltando 4 días para finalizar el 2013 y aplicables a este periodo.

Durante el año pasado, desde diferentes sectores se expresaron voces de descontento por la lentitud de la Dian en la preparación de la reglamentación de la reforma del 2012, lo cual se ha convertido en el peor obstáculo para hacer efectivas sus bondades. Lo que no se esperaba era que dicha tardanza conllevara dejar la tarea para los últimos días de la vigencia y que originara, a última hora, una avalancha normativa. Los empresarios, contadores y asesores, han sufrido una verdadera ‘indigestión’ en su afán por entender el extenso contenido de algunos de ellos, con el fin de tratar de darles correcta aplicación.

Lo inaudito de este proceder, es que el texto de muchos de dichos decretos se encontraba listo varias semanas antes de su expedición. No faltará el funcionario que alegue, para justificarlo, que se debe cumplir con la exigencia del código administrativo de publicar sus borradores en forma previa, para garantizar transparencia en su trámite y facilitar su conocimiento y análisis por parte de sus destinatarios. Presupuesto que, dicho sea de paso, se ha constituido en un himno a la bandera, pues cuando los ciudadanos envían comentarios y sugerencias, no merecen la menor consideración por parte de la Dian y, en la práctica, los proyectos se convierten en definitivos al ser proferidos sin mayores modificaciones.

Sin embargo, esta excusa no es válida, no solo frente a la demora efectiva en dar cumplimiento a este mandato, sino también por el retardo posterior en su expedición. Lo cierto de todo es, que para la fecha de estas líneas, el país ha continuado viviendo la misma confusión que originó la aprobación de la última reforma, aumentada en grado sumo por las recientes disposiciones.

Un sistema tributario no puede funcionar correctamente sobre la base de multiplicar por ‘n’ la normatividad que rige las relaciones impositivas. Mucho menos, cuando tales regulaciones presentan una ausencia total de simplicidad y se caracterizan por imperar en ellas la complejidad de sus contenidos. Y lo que es peor, cuando los encargados de su diseño dan bandazos constantes y los responsables de su aplicación dan muestras de improvisación, al no dar solución anticipada y definitiva a los problemas de los sistemas informáticos de la Dian.

Ejemplo de estas dos últimas cosas lo constituyen la expedición en estos primeros días de enero de un nuevo decreto sobre tarifas del Cree, modificando nuevamente alguno de los decretos decembrinos que ya había hecho similares cambios, y la reiterada falla de los sistemas, que no permiten cumplir oportunamente con los deberes fiscales, confirmada durante los últimos días. Los contribuyentes merecen consideración y respeto. Esta forma de reglar sus obligaciones y de administrar los tributos no puede continuar. Es hora de que el Gobierno Nacional y/o los organismos de control hagan algo al respecto.

Gustavo Humberto Cote Peña

Exdirector de la Dian

gcotep@yahoo.com