Lecciones desde las cárceles

Para que opere en el país una real democracia, la participación de los ciudadanos en los eventos electorales debe estar ajena a las presiones indebidas y corresponder a su libre conciencia y voluntad.

Cuando quienes son elegidos no lo son por el voto puro de los electores, sino por la intervención de la acción ilegal de dineros mal habidos o la presión de la fuerza, no existe legitimidad alguna en tales personas para ejercer las funciones públicas y, naturalmente, termina perjudicándose a la sociedad y a su organización democrática.

La justicia ha venido actuando, con paso firme y seguro, en el camino de la investigación y sanción de los políticos y funcionarios que en el inmediato pasado del acontecer nacional le apostaron a los acuerdos con grupos criminales para acceder a los puestos de elección popular y de gobierno.

Hoy por hoy, se encuentran bajo las rejas sancionados o en proceso de serlo con el condigno castigo que les corresponde de acuerdo con la ley penal.

Cabe recordar que algunos de estos individuos, en sus regiones de origen, se prestaron para poner al servicio de sus aliados al margen de la ley, recursos de la contratación pública y de la salud subsidiada, afectando en forma adversa la realización de proyectos que hubieran favorecido a sectores vulnerables de nuestra población.

Si bien la justicia ha venido actuando, en este momento falta mayor decisión del Gobierno Nacional –Ministerio del Interior e Inpec– para evitar que las personas que están en las cárceles por estos delitos continúen ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado, realizando alianzas de coordinación política e interviniendo descaradamente en las elecciones regionales, desde la comodidad de sus celdas y a través de sus familiares cercanos, tal y como se ha venido denunciando por los diferentes medios de comunicación.

La transparencia de las próximas elecciones de octubre dependerá en buena parte de las acciones de los altos funcionarios del Gobierno de la Unidad Nacional respecto de estos personajes, que de hecho están en mora de ser adoptadas. La campaña que viene adelantando una importante red radial en el sentido de solicitar que se limiten sus permisos de salida el día de las elecciones, no es suficiente para este fin.

Si realmente se quiere blindar la campaña electoral de estas indebidas intervenciones, se requiere, además, que se limiten al máximo dichos permisos en esta última etapa preelectoral, al igual que las visitas a estos personajes en sus sedes carcelarias, así como la eliminación de la disponibilidad y el uso de teléfonos celulares o fijos desde su sitio de reclusión.

Los altos funcionarios que son responsables del orden carcelario no pueden ser indiferentes a la urgencia de hacer efectivas estas medidas, máxime cuando no se trata de otra cosa diferente a la de aplicar el régimen disciplinario vigente.

De no llegar a actuarse en este sentido, según la ley y en forma oportuna, con seguridad se perderá el esfuerzo realizado hasta el momento por la depuración de las costumbres políticas y estaremos después del 30 de octubre observando tristemente las celebraciones en las cárceles del triunfo sobre la democracia colombiana.