Reflexiones acerca de la política industrial

La política industrial se justifica por la existencia de fallas de mercado como economías de escala, externalidades y falta de información o coordinación. No obstante, existen riesgos asociados a la implementación que deben ser tenidos en cuenta.

De acuerdo con la idea de economías de escala, el objetivo de la política industrial puede ser el fortalecimiento de la industria para colocarla al nivel de los competidores o el apoyo a industrias jóvenes que permita aprovechar ventajas dinámicas. El argumento de las externalidades está relacionado con la creación de capacidades tecnológicas: hay sectores en los cuales el retorno privado de la adopción e implementación de nuevas tecnologías es más bajo que el retorno social y, por esto, desarrollos tecnológicos deseables socialmente no son llevados a cabo.

El argumento de fallas de información puede aplicarse a diferentes mercados. Un ejemplo es el ‘descalce’ entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades de las firmas, es decir, el hecho de que estas necesiten capacidades que los trabajadores no tienen y que los empleados tengan capacidades que las firmas no necesitan.

Otro argumento tiene que ver con el riesgo de la innovación. Cada nueva empresa enfrenta una gran incertidumbre y, en un contexto de agentes adversos al riesgo, esto genera un número bajo de nuevos emprendimientos. En este orden de ideas, una institución que ayude a diversificar el riesgo puede generar incremento en el número de emprendimientos sin aumentar la tasa de fracaso.

En general, la política industrial puede tener dos versiones: política sectorial y política transversal. Ejemplos de política transversal son la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, sistemas de información, etc. Por oro lado, la sectorial está generalmente concebida como un programa de estímulos pecuniarios dirigidos a sectores específicos. Estos estímulos pueden igualar el retorno privado de las inversiones en tecnología al retorno social u otorgar incentivos para superar fallas de coordinación.

Por supuesto, si los políticos y funcionarios encargados de la política industrial sectorial son honestos y tienen objetivos claros, esta puede generar buenos resultados. Pero si cualquiera de esas premisas falla, el resultado puede ser, en el mejor de los casos, un gasto inútil y, en el peor, una fuente de rentas para funcionarios y políticos corruptos. Ahora, aun suponiendo que la política industrial sectorial se desarrolla en las mejores condiciones posibles, existe la posibilidad de experimentos fallidos (por la misma razón por la que no todos los créditos son repagados). Este hecho genera un riesgo adicional: el fracaso de firmas o sectores beneficiados con la política puede ser interpretado como el resultado de un mal diseño de política.

Por último, uno de los mayores riesgos es la identificación de la política industrial con la protección comercial. El uso de aranceles para proteger sectores específicos genera pérdidas de bienestar, estimula el comportamiento de cazadores de rentas y, al menos en el caso de Colombia, no ha sido un mecanismo eficiente en la solución de fallas de mercado.