El nuevo colonialismo

 

La piñata de los títulos mineros no es asunto nuevo; el propio presidente Santos dijo a El Tiempo el 18 de mayo: “…parece que a nadie se le negara un título”; reconocidos expertos también se han referido al tema. Manuel Rodríguez Becerra denunció que a mediados del 2009 el Ingeominas había otorgado o tenía en trámite más de 7.000 títulos mineros en todo el territorio nacional, incluyendo 1.805 en los cinco departamentos de la Amazonia, muchos ubicados en zonas de reserva forestal, y había concedido 44 en 14 parques nacionales. Guillermo Rudas Lleras afirma que durante la primera administración Uribe el área titulada para minería prácticamente se duplicó, pasando de 1,1 a 1,9 millones de hectáreas, pero a partir del 2006 se disparó, pasando a 8,4 millones. Parece que el único que no se había enterado era el Ministerio de Minas.

A similares situaciones se refiere un reciente artículo de The Economist, según el cual se está imponiendo una modalidad de contratación internacional, mediante la cual las grandes empresas de los países ricos se apropian de inmensas extensiones de tierras productivas en países del tercer mundo, principalmente África, utilizando falsas promesas.

Los varios casos narrados deberían alertarnos, porque en eso de feriar nuestros recursos no renovables somos del tercero o cuarto mundo.

En Sierra Leona, los campesinos celebraron contratos a 50 años con una compañía suiza para el cultivo de 40.000 hectáreas de biocombustibles, con la promesa de 2.000 empleos y la conservación de las tierras. Tres años después sólo se han creado 50 empleos y las tierras se están deteriorando, a costa de la situación de los nativos, según el concepto de la Universidad de Cornell. Más de la décima parte de la tierra cultivable del sur del Sudán estaba arrendada antes de alcanzar su independencia. En Senegal, se conocen propuestas de inversionistas saudíes para controlar el 70% del área cultivable de arroz.

Este tipo de acuerdos hace dudar de si se trata de oportunidades de desarrollo o de despojo de tierras, lo cual ha llevado al Director de la FAO a denominarlos neocolonialismo.

Estudios serios calculan en 80 millones el área comprometida en estos contratos, 51 en África, 19 en Asia y 9 en Latinoamérica, extensión que supera la superficie conjunta de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y con tendencia creciente. A pesar de la magnitud de los contratos, pocos se publican, pero de los que se conocen se asegura que las cláusulas son vagas e ignoran los derechos tradicionales sobre el uso de la tierra.

Tales situaciones no suenan tan distantes.

Allá, como aquí, las generosas promesas –léase confianza inversionista– incluyen más puestos de trabajo, nuevas tecnologías, mejores estructuras y recaudos tributarios, pero siguen en veremos. En Mozambique, el Banco Mundial encontró un proyecto que creó 40 empleos de los 2.650 prometidos. En Colombia se talan olímpicamente los bosques, el desempleo no cede y existe un escandaloso mercado negro de títulos mineros, mientras los medios dan cuenta de los lánguidos resultados de las zonas francas, la usurpación de tierras por los ‘paras’ y sus socios políticos y las inundaciones de las pocas que están en manos de los campesinos.

Habría que preguntarse, como el pobre campesino de Tanzania: ¿por qué los demás están feriando nuestras tierras?