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Inquisición, prevención o caos

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Con ocasión de mi participación en el congreso internacional ‘La corrupción, flagelo mundial’, evento con el cual la Contraloría General celebró sus 90 años de existencia y en el que se profundizó sobre las oportunidades y desafíos del control, propuse profundizar el dilema entre las medidas inquisidoras, o las instituciones preventivas en el ejercicio de la inspección.
Para el exfiscal español Candido Conde, participante del foro, la corrupción se detiene con nuevas y variadas medidas de penalización y cohersión sancionatorias. Es así como conminó a un control represivo con la filosofía de que es más efectivo y exitoso el modelo de políticas inquisidoras.
Creo que esa visión no puede ser la única y tampoco es excluyente de otra: la perspectiva de trabajar por la legitimidad de las entidades y contribuir para que sean eficientes y con cuerpos técnicos especializados.
Nadie desconoce la reactivación de la Contraloría, pero nuevamente: ¿hasta dónde las entidades de control están cumpliendo la función preventiva y hasta dónde las prácticas de control, como las auditorías, que tanto esfuerzo y tiempo demandan, le dan hoy valor agregado al control?
Coincido con los planteamientos de los contralores de Chile y Honduras, relacionados con que todas las entidades están abriendo diálogos sociales sin que tengan verdadera conciencia del valor de estas agendas.
Se está improvisando en el control social. Recordemos casos desconcertantes como el de Egipto, donde precisamente la falta de articulación efectiva con la ciudadanía fue la causal para derrocar al presidente, y ahora un gobierno de facto ha masacrado a miles de ciudadanos. Sobre el caos, está en boga el libro Por qué fracasan los países, en el cual se analizan los problemas de Asia, Europa y Colombia, entre muchos.
Se destaca que la corrupción es un efecto, no la causa del problema, que las soluciones van mucho más allá de campañas y burocracias imperiales contra la corrupción, y que nos azotan instituciones extractivas que demandan grandes reformas y cambios de paradigmas.
La lógica del diálogo social, las visitas a las comunidades y las audiencias púbicas en las auditorías han traído resultados visibles positivos.
Me pregunto, entonces: ¿por qué no profundizamos en ellas? El Estado lidera un gran compromiso anticorrupción: la Procuraduría adopta modelos de vigilancia, la Fiscalía crea unidades de políticas contra la criminalidad ‘análisis de contexto’, la Contraloría asume nuevas unidades de lucha contra la corrupción y el Ejecutivo creó comandos para combatir el flagelo.
Valerosos esfuerzos que no son suficientes. Reitero, es indispensable fortalecer técnicamente las instituciones o unidades ejecutoras de recursos para que sean eficientes.
La otra visión del problema es que la indolencia, el miedo o la incapacidad de producir resultados en la función pública y la contratación estatal, es tan grave o más dañina que la propia corrupción.
Nota: lo anterior se vendrá al piso con los conflictos institucionales que se visualizan entre Contraloría y Fiscalía.
La Corte Constitucional ya había fijado linderos en las competencias frente a parlamentarios y gobernadores, y el Consejo de Estado, sobre los magistrados. Llega una nueva tesis de una sala de tutela de la Corte Suprema. La sociedad llama a la cordura y al respeto de la independencia de cada institución.
Iván Darío Gómez L.
Experto en contratación y control
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