Esperando la justicia

Karl Popper, una de las mentes más brillantes del siglo XX, expresó alguna vez sus visiones sobre la justicia.

En su descripción sobresalieron ciertos elementos para identificar este concepto: una distribución equitativa de las obligaciones a la ciudadanía, es decir, definir con precisión el límite de las libertades individuales para no atentar contra el bien común; un trato igualitario de los ciudadanos ante la ley, lo que equivale a que no haya tratamientos preferenciales para unos individuos y, otros no, por los mismos hechos y delitos; evitar que no haya leyes orientadas a favorecer o perjudicar determinados grupos o clases sociales; imparcialidad del sistema judicial y penitenciario, y asegurar el acceso a un sistema judicial eficiente.

Estas ideas de Popper no dejan de gravitar en los análisis internacionales que se adelantan para medir el imperio de la ley.

El último documento elaborado por el Proyecto Internacional de Justicia, denominado el ‘Índice de imperio de la ley’, es un gran referente para que, de manera imparcial, se pueda evaluar la calidad de la justicia en varios países.

Para definir el término ‘Imperio de la ley’ (Rule of Law), el equipo analítico trabaja sobre cuatro criterios: el Estado y sus agentes son responsables ante la ley por sus acciones; las leyes son claras, publicadas, estables, justas y encaminadas a proteger los derechos básicos de las personas, incluyendo sus propiedades; el proceso de formación, administración y aplicación de las leyes es accesible, justo y eficiente; y, por último, el acceso a la justicia es brindado por un aparato competente, independiente, que cuenta con personal ético, recursos suficientes y refleja la sociedad a la cual sirven.

El estudio, que abarca nueve indicadores, deja un sabor agridulce en América Latina y el Caribe.

A pesar de las mejoras presentadas en al ámbito institucional durante las últimas décadas para asegurar una justicia más profesional y rigurosa, la corrupción, falta de rendición de cuentas y la impunidad son males endémicos que se esparcen por toda la región.

La expresión más clara de este fenómeno se percibe al comparar cómo la región tiene una de las tasas más altas de homicidios frente a un sistema penal y penitenciario, ubicado entre los peores del mundo.

Refiriéndose a Colombia, el reporte resalta que el país tiene muy buen puntaje en materia de apertura gubernamental, participación ciudadana y regulación.

Lamentablemente, la demora en la administración de justicia y la impunidad en la sanción de crímenes son factores críticos que lo ubican en la cola de indicadores como orden institucional y eficiencia judicial.

Visto el entorno regional, es urgente que las reformas judiciales tecnifiquen la rama, doten de mejores recursos la administración de justicia, recluten y asciendan con rigor a los jueces para asegurar que a la rama lleguen los mejores, y, por supuesto, haya velocidad investigativa y sanción ejemplar para los criminales.

Estas son las bases para derrotar la impunidad, pues mientras ella subsista, la paz será una ilusión.