Finanzas para la innovación social

Tal vez por eso, tiendan a caer en ‘pilotitis’ o ‘proyectitis’, que consiste en desarrollar constantemente proyectos pilotos con miras a conseguir donantes privados o públicos, que ante el pequeño buen resultado, deciden contribuir con recursos, aunque no necesariamente de manera sostenida.

Reconociendo esta realidad, al igual que el deseo de miles de instituciones filantrópicas, el sector privado y público –por hacer alianzas que produzcan resultados en innovación socia– en el Reino Unido ha puesto en marcha un esquema denominado BIS (Bonos de Impacto Social), que aunque no es técnicamente un bono, sí representa una novedosa arquitectura financiera orientada a la bienestar colectivo.

¿Cómo funcionan los llamados BIS? En primer lugar, existe un gestor, denominado intermediario, que por lo general es una fundación dedicada a la filantropía social, la cual firma un contrato con el gobierno. En este, el intermediario adquiere la obligación de identificar soluciones efectivas a un problema social, siendo aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, y asumiendo la gerencia y gestión de la iniciativa. El intermediario también se compromete en conseguir inversionistas privados (otras fundaciones de segundo piso o fondos filantrópicos corporativos) para adelantar en gran escala la innovación social, acordando resultados medibles con el Gobierno.

Si los resultados acordados entre el intermediario y el gobierno se cumplen, el gobierno les paga a los inversionistas (a través del intermediario) los recursos aportados y al mismo tiempo, aporta una prima de desempeño al gestor y el proveedor del servicio, es decir, las ONG, seleccionadas por el intermediario.

Hasta el momento, en los casos donde se ha aplicado esta modalidad se ha logrado que el Estado pague por resultados en asocio con el sector privado y la sociedad civil. Se ha consolidado un modelo de supervisión y rendición de cuentas efectivo entre donantes y ONG. Las ONG, por su parte, cuentan con una agenda programática más sostenible, aumentando la escala de sus intervenciones. Por último, los recursos del sector privado se convierten en un capital semilla de constante rotación para muchos proyectos.

En EE. UU., ciudades como Boston, Nueva York y Chicago están explorando posibilidades para utilizar este esquema en tareas como nutrición, recuperación de juventud en riesgo y vivienda social. Sería interesante que en América Latina estos mecanismos pudieran ser discutidos entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, pues muchas ideas que contribuyen a la innovación social no se proyectan, ni adquieren la escala necesaria por falta de mecanismos financieros sostenibles. Las alianzas público-privadas orientadas a la mejora de las condiciones sociales son posibles, necesarias y pertinentes, en una región que requiere innovar en las soluciones a los problemas sociales.