De La Habana a la realidad

Al aprobarse el acto legislativo para la implementación de los acuerdos en La Habana, el Ministro del Interior, en tono lírico, indicó que el gobierno Santos es transformador y que se ha dedicado a fortalecer la inversión y el desarrollo del país. Como suele ocurrir con muchos de los altos funcionarios de esta administración, el discurso está cada vez más divorciado de la realidad, y uno de los ejemplos palpables es el sector minero-energético.

Si bien los precios del petróleo pueden explicar las dificultades del mercado internacional y sus implicaciones en el país, la problemática del sector viene gestándose hace cuatro años. Colombia tiene la cuarta tarifa más alta de tributación para el ramo petrolero en América Latina, después de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Adicionalmente, somos el séptimo país del mundo con mayores costos para la producción de un barril, y en el último año se ha caído la sísmica en más de 72%, simultáneamente con la pérdida de más de 60 mil puestos de trabajo y un declive alarmante de la perforación, reduciendo los años de reserva a menos de 6. Lo que el gobierno quiere presentar como una crisis de precios internacionales, se ha convertido en una crisis de seguridad energética, donde la ANH ha tenido 5 directores en menos de 6 años.

Si en petróleo llueve, en minas no escampa. La inversión extranjera minera cayó 66% en el 2015, y las promesas de formalización del sector son un canto de sirena. Tenemos hoy una preocupante realidad, en la cual el 63% de las Unidades de Producción Minera son ilegales y el 86% de las mismas no posee título. Paradójicamente, la tan promovida ANM va para 8 directores en el gobierno Santos.

Mientras la crisis minera se agudiza, es poco lo que el gobierno hace en materia de cierre y poscierre minero, fortalecimiento de protocolos ambientales, profundización de información geológica, actualización catastral minera y coordinación entre autoridades ambientales. Alerta también el silencio gubernamental ante la incertidumbre jurídica, que para el sector genera de manera permanente las decisiones judiciales.

El colmo de los males del sector está en el ámbito energético. No solo nos salvó Ecuador de un apagón, sino que faltan acciones decididas para corregir las fallas protuberantes en el cargo por confiabilidad y en evitar que se vuelvan a presentar abusos de la Ley 142 de 1994, que injustamente le ha pasado a los consumidores la cuenta de cobro por las ineficiencias del sistema. La Creg es un organismo sin Dios ni ley, que en sus narices dejó incubar una crisis y guardó silencio con la amañada intervención de Termocandelaria.

Venezuela incumple los suministros de gas al país, las características de un mercado de energía oligopólico con barreras de entrada y asimetrías de información parecen no querer reformarse, dejando al país expuesto a un próximo fenómeno de ‘El Niño’.

Mientras se habla de paz y de La Habana, el país se deteriora en otros frentes; en el sector minero-energético van siete ministros y el gobierno luce por la mediocridad e incompetencia de quienes han debilitado nuestra seguridad energética.

Senador

ivanduquemarquez@yahoo.com