Infelicidad, comedia y tragedia

Jean Baptiste Moliere, uno de los más grandes dramaturgos y humoristas de la historia, sentenció: “los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes”. En su forma de interpretar la sociedad estaba presente la importancia de contar con normas fuertes que no fueran manipulables al capricho de los dirigentes.

En Colombia estamos enfrentando una coyuntura, en la cual la legitimidad democrática y la credibilidad en las leyes está amenazada. El proyecto de Acto Legislativo para facilitar y asegurar la implementación de los acuerdos de La Habana, se constituye en una comedia que nos puede conducir a la tragedia del manoseo más vulgar que jamás hayamos visto con las instituciones.

El primer acto de la obra es la creación de un procedimiento legislativo excepcional y transitorio para la paz, que deberá reformar la Constitución y la Ley para adecuarlas a lo acordado con las Farc. Si bien es cierto que esa figura solo procederá luego de una refrendación, es también verdad que se está fraguando un proceso refrendatario que elimine los umbrales de legitimidad contemplados en las normas, permita votar en blo-que una enorme carga de contenidos, introduzca el voto obligatorio y nos lleve a una elección de varios días. En síntesis, cambiaríamos toda la estructura electoral para ‘obligar’ la legitimidad popular, que no ha ganado el gobierno por su desacertada gestión.

Como segundo acto se crea una Comisión Especial Legislativa, conformada por un pequeño grupo de congresistas, principalmente de las comisiones primeras de Senado y Cámara, que tendría la facultad de pronunciarse sobre modificaciones a la Constitución y la Ley hasta por un año. La Comisión no tendrá ninguna iniciativa y solo podrá decidir lo que proponga el gobierno, además de limitar su capacidad de modificación en un solo debate, reduciendo las plenarias a un ritual de aprobación por mayoría en una sola votación.

Para completar la mofa a las instituciones solo se permitirá el control de constitucionalidad por razones de forma en un periodo limitado de 60 días. Tristemente, es una auto-revocación de las estructuras y funcionamiento del Congreso para discutir, por parte de un grupo reducido de parlamentarios, las reformas más delicadas de la historia reciente del país, anulando la voluntad de millones de ciudadanos que votaron para que sus representantes defiendan a plenitud sus principios.

El tercer acto lo constituye la existencia de facultades extraordinarias al Presidente, sin ningún límite temático para emitir decretos con fuerza de ley, cuyo control de constitucionalidad se limita a dos meses. Sin duda, nos encontramos ante la versión colombiana de las Leyes Habilitantes, tristemente célebres en Venezuela.

Estamos los colombianos y nuestras instituciones pagando las consecuencias de un proceso improvisado, de una extorsión por parte de las Farc a un gobierno débil, cuyo único ingrediente de credibilidad depende de un acuerdo, de un régimen que ejerce el poder viendo como estorbo toda institucionalidad que no se acople a sus intereses inmediatos. Ojalá los colombianos entendamos que este camino de comedia y tragedia, de no corregirse, arruinará la estructura de nuestras instituciones y nuestras leyes.