El silencio de los inocentes

Durante el 2009, el acuerdo de cooperación militar, firmado por Colombia y Estados Unidos, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, causó mucha preocupación en los países vecinos. A pesar de ser un protocolo binacional, publicado transparentemente, limitado a las operaciones que se adelantan en el territorio nacional, y de haber emprendido una profunda campaña de comunicación con varios gobiernos, la embrionaria institucionalidad de Unasur actuó en su momento con mucha vehemencia para cuestionar los méritos y fundamentos de un legítimo ejercicio de la soberanía.

Colombia acudió al llamado y, con argumentos en la mesa, aclaró punto por punto los interrogantes de los países miembros de la Organización.

En aquel entonces Unasur fue enfática en expresar que la seguridad es un tema de interés colectivo, y que a pesar del intrínseco derecho de Colombia para combatir un problema nacional, los semejantes querían conocer con el mayor detalle posible, la minucia de un acuerdo que podría ocasionar molestias en países poco afines a EE. UU. Colombia fue contundente en los argumentos y pocas voces decidieron perseverar es sus infundadas críticas.

Tal vez por el precedente mencionado causa preocupación que Unasur haya optado por el silencio -quizá indiferencia- cuando se hacen anuncios con respecto a realizar desarrollos nucleares en el cono sur, en países que a la vez han emprendido, de tiempo atrás, una carrera armamentista, o que ejercen el poder sin pesos y contrapesos convincentes para la comunidad internacional.

Por supuesto, cada nación tiene el derecho soberano de buscar soluciones a los problemas internos y establecer la mejor combinación entre las distintas fuentes que conforman la matriz energética. Sin embargo, la seguridad energética es un tema que, cada día, tiene más implicaciones subregionales, regionales y mundiales, por lo que un esfuerzo de diálogo y coordinación es necesario, más tratándose de fuentes energéticas con peligros y consecuencias evidenciadas trágicamente a lo largo de la historia.

La energía nuclear, en cuanto a generación eléctrica, es marginal dentro del contexto regional, representando solo 2% del consumo. Los países que utilizan esta fuente son México, Brasil y Argentina, contando cada uno con dos plantas, construidas entre 1974 y 1994, aunque valga decir que existen planes de expansión para los próximos años. Países como Venezuela y Bolivia se suman a la lista con anuncios recientes de cooperación con Rusia e Irán.

Todos los desarrollos nucleares en la región han sido respetuosos del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que exige el uso de esta fuente de energía exclusivamente para fines pacíficos y que ha sido ratificado por los países latinoamericanos en su gran mayoría. Lastimosamente no todos los países han firmado los protocolos adicionales a ese instrumento que exige más inspección internacional, salvaguardas y requisitos de seguridad para evitar que materiales peligrosos caigan en malas manos.

México es el único país con energía nuclear del continente que ha suscrito estos protocolos. Colombia ha firmado el Tratado de No Proliferación y los protocolos adicionales, al igual que lo han hecho, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay por mencionar algunos.

Este comportamiento apegado a las mejores prácticas internacionales da derecho a exigir y no guardar silencio, no sea que la historia nos termine juzgando por inocentes.