Islandia fue la primera gran víctima de la crisis financiera internacional. Debido a una burbuja inmobiliaria y un grave exceso de endeudamiento privado, esta república, de escasos 320 mil habitantes, en un territorio con un área similar a Guatemala, sufrió en el 2008 un colapso que arruinó a miles de familias y puso en cuidados intensivos su sostenibilidad fiscal.
Lo triste es que esta calamidad repentina tuvo lugar en una nación considerada ejemplo de desarrollo institucional, fortaleza democrática y calidad de vida.
Ante el desastre y la necesidad de reconstruir confianza, las autoridades políticas del país adelantaron un paquete de medidas económicas con el apoyo del FMI y abrieron un debate sobre la necesidad de un reordenamiento institucional. Este proceso se materializó con la conformación de una asamblea ciudadana encaminada a reformar la Constitución.
Lo curioso es que a pesar de tratarse de un camino natural al que muchas democracias apelan en momentos de crisis estructurales, la Asamblea contó con un mecanismo de consulta permanente a los ciudadanos mediante redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, etc., convirtiéndose en el primer ejercicio de crowdsourcing constitucional.
La forma en que los acontecimientos se dieron son una manifestación apasionante del matrimonio entre el Estado de Derecho y la Democracia Directa.
La Asamblea Constituyente elegida por voto popular, y que contó con 25 miembros, publicó constantemente las distintas propuestas de artículos en su plataforma virtual, recibiendo miles de sugerencias y comentarios de los ciudadanos.
Como es natural, existieron propuestas extremistas y algunas tal vez absurdas, pero en general, la contribución social ayudó a consolidar el sentimiento colectivo frente a temas de fondo.
En cuanto a los mecanismos de verificación el ejercicio participativo demandó que los comentaristas publicaran su nombre y dirección, a efectos de corroborar la nacionalidad. Sobra decir que se aplicaron mecanismos rigurosos para evitar abusos y uso indebido de la tecnología en detrimento del esquema consultivo.
Los resultados evidenciaron que en un país donde cerca del 95 por ciento de la población cuenta con acceso a Internet y más de la mitad está registrada en Facebook, se hace efectiva la opinión del pueblo sobre el tipo de país en el que quieren vivir, enriqueciendo el debate.
El pasado 3 de agosto la Asamblea presentó al parlamento el texto que cuenta con 114 artículos aglutinados en nueve capítulos y se espera que en pocos meses sea sometido a un referendo.
¿Podría este esquema funcionar con el mismo éxito en otros países? Hasta que el proceso se dé en lugares con mayor población nadie lo sabrá. Pero lo cierto es que en un siglo donde se espera brindar acceso universal a Internet y que los ciudadanos mejoren progresivamente su formación educativa, la consulta permanente al individuo, para orientar a los legisladores, será una obligación.
Sería muy bueno que en Colombia el Congreso pudiera hacer un ejercicio similar con algunas leyes, que, como en el concurso de Quien quiere ser millonario, necesitan una ayuda del público.