En contravía

Hace más de veinte años se implantó en el país una fuerte idea que cuestionaba al Estado en su eficiencia administrativa, su costoso funcionamiento y hasta su limitada visión de desarrollo. Esto abrió el camino para que el Estado, con sus debidas responsabilidades, fuese desplazado por nuevos actores e instituciones que llegaron a determinar nuevos patrones de conducta, nuevas formas de asignación de recursos, extraños controles y raros esquemas para ejercer vigilancia.

Aparentemente, el Estado con sus responsabilidades fue desplazado, pero con la llegada de las diferentes crisis imperaron las reclamaciones y demandas contra él, las cuales han debido ser pagadas con un alto peso tributario, al punto que en el 2011 se creó la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, la cual ha intervenido en los procesos de las pirámides y en casos de víctimas en la Corte Interamericana.

Todas estas lógicas abrieron el camino para que el sector privado operase en áreas y sectores que antes estaban bajo la tutela del Estado. Recientemente, el Estado ha perdido participación en empresas públicas, como ISA y Ecopetrol, por citar solo dos casos, bajo el supuesto de una ‘democratización’ de acciones; cuando en cualquier caso es preferible que la empresa mantenga un dominio público, y no una alta concentración privada. Pocos saben que la democratización fue el esquema de privatización español, el mismo que hoy se cuestiona tras la crisis.

Al tiempo que todo esto ocurría, la dirigencia política profundizó sus alianzas ilegales: legislar y ejercer control bajo la premisa del beneficio propio. Los partidos políticos están cuestionados por lo alto, a la vez que las altas cortes están desacreditadas por lo bajo. Es tal la complejidad, que la ilegalidad ha cooptado al Estado y, desde hace más de treinta años, se ha perdido el monopolio de la seguridad.

Resulta paradójico que el mismo Estado deba pagar vacunas, incluso en zonas urbanas de las principales ciudades capitales, cuando intenta llegar a los territorios con sus programas y proyectos; pero es inconcebible que no pueda ejercer control en ciertas zonas urbanas.

Un país con semejantes disparidades requiere instituciones y profesionales capaces de entender dichas realidades, y dispuestos a proponer soluciones. Pero para ello, deben darse tres condiciones. Primero, estar libres de todo vínculo con lo ilegal; segundo, pensar siempre en el bien general, y tercero, que las normas son para cumplirlas.

Mientras esto no exista y el Ministerio Público no ofrezca garantías y condiciones para una sociedad que demanda profundas discusiones sobre múltiples aspectos, como la paz, la sana convivencia, la salud y la educación como bienes públicos, entre otros aspectos, se corre el riesgo de reproducir odios y rencores que luego pasarán factura y harán más costoso un proceso que podría llevarse a cabo, si no se recorre en contravía.