Mientras en Barcelona las autoridades políticas han decidido impulsar un acuerdo para que las políticas educativas sean un pacto con la educación y no pertenezcan a los partidos de turno, en Inglaterra una escuela permite que los alumnos participen del proceso de selección de sus profesores y los convoca para que hagan parte, tanto de la entrevista, como de la clase que debe dictar el aspirante para demostrar sus capacidades.
Al tiempo que esto ocurre, los legisladores mexicanos parecen estar convencidos del ejemplo colombiano sobre el combate a la delincuencia organizada y consideran que es necesario ampliar la ley de extinción de dominio para permitir que los bienes incautados al narcotráfico sean transferidos al sistema educativo; según ellos, como pasa en Colombia. Al mismo instante, en Colombia se discute la reforma educativa y se manifiesta públicamente por estudiantes, profesores, sindicatos y gremios vinculados con el sector, el peligro que esto significa.
En contraste, hay un sector oficialista integrado por miembros del Gobierno, ex ministros y empresarios, quienes apoyan la reforma y consideran que abrir el espectro hacia la inversión privada es sinónimo de mayores recursos para la educación, por lo cual no encuentran lógico que exista alguien que se oponga a semejante medida.
Este es el argumento que han utilizado para criticar la defensa que la comunidad educativa ejerce en su contra. En principio, es posibleque la reforma traiga consigo mayores recursos para la educación, lo cual puede ser provechoso para un sistema cada vez más asfixiado en materia presupuestal, especialmente en las instituciones públicas; pero son recursos tasados por un margen de ganancia y un nivel de rendimientos que obliga a que cada proyecto educativo, programa de formación o proyecto de investigación sea autosostenible, pues de lo contrario podría ser considerado inviable y se cerraría.
Con ello ganan las finanzas privadas, pero pierde la sociedad, y la educación se debe a ella. Por lo tanto, conviene educar bajo esta lógica social, sin hipotecar el futuro de la oferta educativa ni la estructura de un sistema que ha sido difícil sostener.
Hoy cuando la escala de valores está cuestionada, la familia se desintegra y la sociedad aprende a ser negocios de manera fraudulenta, la educación no debe ser cómplice; por lo anterior, cambiar el ánimo de lucro de las instituciones educativas es precisamente contribuir a ello sin resolver los problemas de fondo del sistema, que ha provocado críticas incuestionables sobre la calidad, la cobertura y el vínculo y la capacidad de respuesta a los problemas sociales, dejando en entredicho la pertinencia de la educación.
Así, mientras las ciudades universitarias y las autoridades en el mundo se preocupan por darle un mejor sostenimiento al sistema educativo mediante calidad, cobertura y buena relación con el entorno; hay quienes se empeñan en hacer reformas con privilegios evidentes sin haber logrado demostrar con certeza que el sistema ha fallado por razones societarias.
Si bien el sistema requiere recursos, no hay que ser ingenuos y habrá que evitar el gato de la privatización por la liebre de una verdadera reforma educativa. Ojalá se eduque más por conveniencia social, que económica