Economía de la empanada

Y aquí vamos con otra tendencia en redes sociales que se toma una semana completa en Colombia. Esta vez, unos agentes de la Policía Nacional multaron a un joven que compraba una empanada en un puesto callejero de Bogotá. La indignación colectiva ante el hecho generó una suerte de juicio público en los medios contra los oficiales y una solidaridad absoluta con el comenzal. En pocas horas, los colombianos reunieron en 24 horas los cerca de 600.000 pesos que costó la sanción (unos 200 dólares).

Tan rápido como los envíos de 472 (empresa de mensajería del Estado), la ministra de Justicia, Gloría María Borrero, aclaró que la Policía Nacional “hizo una interpretación equivocada de la norma” y propuso capacitar a los oficiales para que entiendan “el sentido de la Ley”. Por lo pronto, el Congreso de la República citó a debate para que la jefe de esa cartera explique lo sucedido en el ‘caso de la empanada’.

Más allá de la interpretación que las autoridades hicieron del Código de Policía, la multa aplicada en Bogotá, llama la atención sobre el fenómeno de informalidad que persiste en Colombia y que enmarca a aquellos trabajadores que, como no encuentran empleo, se dedican a montar su propio negocio sin ningún tipo de registro mercantil o que laboran sin seguridad social ni pago de impuestos; en pocas palabras, el denominado ‘rebusque’.

El más reciente informe del Dane sostiene que la proporción de trabajadores que tienen empleos informales se redujo a 48 por ciento entre agosto a octubre del 2018, en comparación con el 48,7 por ciento registrado en el mismo periodo del 2017. Lo anterior significa una leve disminución en el último año y deja entrever que casi la mitad del mercado laboral se encuentra en la informalidad.

Así mismo, agrega la entidad, la ciudad con más trabajo informal fue nuevamente Cúcuta, probablemente impulsado por la migración venezolana, con un 69,6 por ciento, manteniendo la misma tasa que el año pasado. Sincelejo y Santa Marta se mantuvieron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, con 66,1 y 65,5 por ciento. El Dane también aclara que Bogotá, Medellín y Manizales continuaron siendo las ciudades con menor índice de informalidad en este trimestre, con 41,3, 40,6 y 38,6 por ciento, respectivamente.

Nada más urgente que combatir la cultura de informalidad tan arraigada a nuestro país a través de un programa de estímulos. Urgente crear una estructura microtributaria que les permita a estas personas convertirse en contribuyentes, pero sin promover la competencia desleal con el comercio y, por supuesto, impulsar intervenciones urbanísticas incluyentes para generar oportunidades de generación de ingresos para los más pobres. Lo anterior por no mencionar el acceso al sector financiero.

La percepción de la opinión pública no puede ser que el perseguido por la Policía sea el ciudadano junto con el que invade el espacio público y no el delincuente. Ese es un resultado que debilita la confianza país. Mucho tendrán que hacer en el gobierno para volver a comunicar la norma hasta que ‘rebuscadores’, autoridades y clientes se pongan de acuerdo para implementarla.

CEO de Innobrand

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