Las alternativas europeas

De una parte, la terminación del euro y el retorno a las monedas nacionales en la Unión Europea, expondrían a sus países miembros a grandes oscilaciones especulativas en sus mercados de divisas.

De otra, la adopción de una constitución orientada a la integración política, paso que se omitió al introducir la moneda común, y que debería aplicarse en primer lugar a los 17 países miembros de la Unión Monetaria. La idea es que quien quiera mantenerse en la moneda común debe tener una responsabilidad común, que es lo que no pasa hoy, y cada país anda por su lado. Ello permitiría el afianzamiento institucional de una política fiscal, económica y social común en la Zona Euro, que le daría capacidad de acción política frente a los imperativos de los mercados en el plano transnacional. Además, permitiría avanzar hacia una ‘Europa social’ y a un sistema democrático que no dependa del vaivén de los mercados.

Como lo han demandado figuras europeas eminentes, se requiere un legislador que represente a los ciudadanos, y esté por encima de las actuales autoridades comunitarias, que pueda decidir sobre la distribución de los presupuestos comunitarios a semejanza de los legisladores nacionales. Recordemos que estos últimos, como representantes del pueblo, son los únicos que pueden establecer gravámenes, dentro del principio de que “no hay impuestos sin represtación”.

La idea de establecer una constitución para Europa no es nueva. En el 2003, se reunió una convención para su elaboración, bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, en la cual se acordó que su aprobación se haría por los procedimientos constitucionales internos de los países miembros, dentro de los cuales está el referendo, y no a través de una conferencia intergubernamental, ya que el método diplomático basado en las transacciones no permitiría encontrar una solución que favoreciera a la comunidad en su conjunto.

Sin embargo este procedimiento no fue exitoso, porque en los países en que el tratado fue sometido a referendo, tuvo resultados distintos. Así, por ejemplo, mientras en España los electores lo aprobaron con una baja participación (44%) en Francia y Holanda fue negado con una alta participación (69 y 63%, respectivamente). Queda por ver, si ante el agravamiento de la crisis, que lleva ya cuatro años, una nueva propuesta para la convocatoria a la constituyente tenga mayor éxito. Ello depende, fundamentalmente, de Alemana, que como país líder debe tomar la iniciativa.

Una discusión sobre la finalidad del proceso de unificación ofrecería la oportunidad de ampliar el debate público, hasta ahora restringido a cuestiones económicas. Los países europeos deben entender que solo de forma conjunta pueden afirmar su modelo de sociedad apoyado en un Estado social y en la diversidad de sus culturas nacionales. Deben aunar sus fuerzas si quieren seguir siendo influyentes, tener un liderazgo en la política mundial y en la solución de los problemas globales.

MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

CONSULTOR INTERNACIONAL  

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