Desarrollo regional

La Constitución Política de 1886, al establecer un rígido sistema de centralización política y descentralización administrativa, definió una división territorial del país limitada a la Nación, los departamentos y los municipios. Inicialmente sólo permitió que “dentro de los límites de cada Departamento” pudieran existir otras entidades para arreglar el servicio público (Art 7). Ello hizo que el proceso de regionalización se haya desarrollado lentamente en Colombia. Solamente hasta la década de los cincuenta, tomando como marco las teorías de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se abrió paso a la discusión sobre la planificación regional, la cual, con las reformas constitucionales de 1959 y 1968, se pudo plantear a nivel supradepartamental. En ese contexto se empiezan a crear las primeras instituciones ambientales regionales dedicadas a promover el desarrollo integral y coordinado de los recursos naturales en sus jurisdicciones. La primera de ellas fue la Corporación del Valle del Cauca (CVC), que se creó teniendo en cuenta el modelo de la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA), con la asesoría de su director David Lilienthal. Buscaba no sólo la administración adecuada de los recursos naturales, sino también la promoción del desarrollo regional. Luego se crearon otras corporaciones regionales autónomas, pero se terminó desvirtuando la idea original de área supradepartamental. En 1985, con base en la Ley 76 de este año, se crearon las Regiones de Planificación (Corpes), como simples divisiones para la planificación y el desarrollo económico y social, sin personería jurídica y con competencias administrativas limitadas para establecer recomendaciones sobre estas materias. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 permitió la creación de regiones bajo dos modalidades -administrativas y de planificación-, debido a intereses regionales de diferente índole hasta el momento no ha podido expedirse la ley orgánica de ordenamiento territorial, y aún no existen regiones en los términos previstos en nuestra Constitución.
La crisis originada por la emergencia invernal y la responsabilidad que se le ha atribuido en ella a las corporaciones regionales existentes, hizo que el Gobierno tomara medidas extraordinarias para fusionar algunas de ellas y mejorar su control administrativo. Sin embargo, la discusión sobre el proceso de regionalización no debe parar ahí. Para ello debe aprovecharse los proyectos de ley que está discutiendo el Congreso actualmente, sobre el reordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo para el periodo 2010 - 2014. En el proyecto de ley del Plan se propone definir estrategias regionales diferenciadas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos de cada región, con base en un ejercicio de medición que realizó el Departamento Nacional de Planeación de las capacidades municipales de desarrollo endógeno. Este ejercicio condujo a la identificación de seis zonas homogéneas de escala macroregional, cada una como agregación de municipios de varios departamentos, con capacidades de desarrollo endógeno similares. Las zonas identificadas son las siguientes: Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazoorinoquía y Pacífico e Insular. Aunque el DNP plantea tímidamente esta propuesta, partiendo de la base de que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, la conformación de regiones y los esquemas asociativos que se generen en el país deben darse de manera voluntaria entre las partes, es decir las entidades territoriales, bien valdría la pena que ella sirviera para una discusión a fondo sobre el tema.