‘Quien va piano, va lontano’

El título del presente artículo es de origen italiano, cuya frase original es Chi va piano, va lontano, es decir “el que va despacio, llega lejos” y se refiere al afán con que el Gobierno Nacional quiso hacer aprobar por el Congreso el proyecto de ley 152 de 2018 por medio del cual se pretende modernizar el sector de las TIC, considerado fundamental para el desarrollo del país, con el argumento de que no actuar oportunamente se genera el riesgo de profundizar las brechas y desigualdades digitales. Sin embargo, sus propuestas generaron opiniones encontradas que exigieron un análisis más detenido de la iniciativa en las sesiones ordinarias del Congreso que comienzan el próximo mes de marzo. Veamos cuáles fueron las principales objeciones de carácter económico y jurídico-institucional.

En primer lugar, desde el punto de vista económico se pregunta si la forma más adecuada para la creación de las condiciones habilitantes que impulsen la inversión como vehículo para conectar a todos los colombianos, solventar el déficit de redes de última milla y llevar los beneficios de las tecnologías a toda la población tiene que ser otorgándole generosos incentivos a los grandes conglomerados económicos, como el cambio de las reglas sobre la asignación y la duración de frecuencias y licencias de radio y televisión, en la regulación y financiación de los contenidos públicos y sobre quienes toman las decisiones y tienen el poder frente a las producciones y los contenidos comunicativos en el país.

Segundo, desde el punto de vista jurídico-institucional se pregunta si para adecuar la estructura e institucionalidad de las entidades gubernamentales que rigen y regulan el sector de las TIC, para hacerlas más convergentes y modernas, se tiene que hacer que el ente regulador –Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)– pierda autonomía, y que el Ministerio de las TIC concentre el poder al quedar con la facultad de asignar las licencias de radio y televisión y con la fusión de los fondos de las Tecnologías de la In-formación y las Comunicaciones (Fontic) y de Televisión, que quedarían en sus manos.

Con ello, el Ministerio queda con la potestad de administrar los fondos y con ellos premiar y castigar a quien quiera favorecer o perjudicar. De esta forma, el MinTic, concentrado en tecnologías y plataformas y no en contenidos ni en la divulgación de la cultura, decidirá los valores que quiere defender a través de contenidos y por eso quienes no estén acordes con esos valores no serán financiados.

De otra parte, para hablar de convergencia hay que tener no solo un ente regulador, sino incluir los servicios OTT (over the top) que se suministran a través de Netflix, Google, Facebook, Amazon. Esto no se logra, por un lado, porque el proyecto de ley no deja un solo ente regulador (CRC), pues la Agencia Nacional del Espectro conserva su vigencia. Y, por otro, no basta regular la televisión y las TIC si no incluyen a las grandes empresas de telecomunicaciones digitales para que paguen impuestos y aporten al Fontic para la producción nacional de contenidos. Se ha sostenido que este tema debe quedar sujeto a las reglas del mercado, pero países como México están pensando en regularlo.

Consultor internacional

emece1960@yahoo.com