Tarea pendiente

El excelente libro de María Teresa Ronderos sobre la historia del paramilitarismo en Colombia (Guerras recicladas) ha recibido favorables comentarios. Le mereció a la autora el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como periodista del año. Los elogios se han centrado en la forma como ha utilizado el periodismo narrativo para hacer la reconstrucción del conflicto armado, pero no se le ha dado la debida importancia al análisis que hace sobre las razones del mismo.

Esas causas resultan de lo que el profesor James Robinson llama, en el prólogo del libro, “la sociedad dual”. Sostiene que en el centro de Colombia funciona un país formal, donde sus instituciones operan más o menos bien y la pobreza es menor. Pero en la periferia –las zonas de frontera y las costas– existe un país con altísima miseria, donde las leyes no se cumplen y actúan con impunidad diferentes grupos ilegales. Ello obedece a la naturaleza del estado colombiano. Las raíces del mismo surgen de la descentralización radical que se consagró en la Constitución de 1863, la cual dejó al Estado central desprovisto, en gran parte, de su poder. Aunque la Constitución de 1886 cambió el sistema federal por uno de centralización política y descentralización administrativa, esta descentralización, como la consagrada en las reformas posteriores, es puramente formal, y el poder central no tiene la capacidad de llegar a las regiones. En estas circunstancias si el sistema político colombiano no funciona es muy posible que el proceso de paz no surta los efectos deseados y surjan nuevos grupos violentos que el estado estará en incapacidad de controlar. Esta es por lo tanto la principal tarea pendiente que tiene el país.

Si bien es cierto que el acuerdo de paz establecerá las grandes líneas del mismo, no llegará a los detalles. Para concretarlos será necesario definir nuevos espacios de participación y debate, para lo cual hay que ampliar y fortalecer las instituciones territoriales, revisar el modelo centralista vigente y establecer una nueva relación entre las entidades nacionales y territoriales.

No es posible alcanzar una mejor y mayor descentralización utilizando los foros existentes que reúnen a los gobernadores y alcaldes porque la mayoría de sus representantes están dominados por la politiquería. Prueba de ello es la reciente reunión de la Federación de gobernadores en Manizales. Sus preocupaciones no fueron sobre la manera para hacer un cambio de fondo al sistema de descentralización, sino para obtener más recursos nacionales para seguir haciendo más de lo mismo. Esta preocupación tampoco existe en el Gobierno y en el Congreso. El Plan de Desarrollo que se está elaborando, si bien busca estrategias con metas específicas para las seis regiones del país, no obedece a una estrategia central de descentralización, sino a las demandas particulares de cada una de ellas. Afortunadamente, se cayó en el Congreso la reelección inmediata de los actuales mandatarios seccionales, que hubiera producido mayores desequilibrios de los existentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que realizar un gran estudio independiente para definir el sistema político administrativo que debe regir a Colombia y que podría estar dirigido por la Escuela de Gobierno de Universidad de los Andes o el Instituto de Ciencia Política. Definido esto, hay que establecer cuál sería el procedimiento para hacer una reforma constitucional.