Eficiencia en el Estado

En reciente entrevista, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, presenta información importante en relación con el trabajo realizado por el grupo de expertos para la reforma tributaria y las finanzas del Estado. Un dato preocupante es que no se sabe a ciencia cierta el número de personas que trabajan en el Estado entre contratistas y empleados, no hay información completa de cuántos son. Por lo tanto, podría concluirse, que tampoco tienen funciones claramente definidas, y deducirse que es no posible revisar el número de funcionarios, su eficiencia y eficacia.

Si necesitamos productividad laboral en el sector privado, con mayor razón en el público, más cuando este se nutre de los recursos extraídos a las empresas y personas, que, quizá, de otra manera podrían hacerlos más productivos.

No es que se daba renunciar al cobro de impuestos, como una forma de buscar reducir los desequilibrios sociales y prestar los servicios y funciones propias de un Estado. Pero, estos deben estar estrictamente focalizados a los fines que le corresponden al Estado, de forma transparente y no para beneficio de los mismos grupos o políticos que, a través de los nombramientos o contratos de prestación de servicios, buscan perpetuarse en el Congreso y en el poder regional o nacional.

Desafortunadamente, siempre han existido casos de personas que no reúnen los requisitos, conocimientos o experiencia requeridos para el desempeño efectivo en sus posiciones, pero hoy es casi a diario que oímos o leemos en los medios, no en las redes sociales, los casos de funcionarios que adulteran sus hojas de vida o tienen múltiples investigaciones, y otros que salen de un cargo y quien los reemplaza encuentra toda clase de desafueros con las personas designadas, buscando favorecer familiares, amigos o aliados políticos. Se habla con frecuencia de concursos, de méritos, ¿dónde quedaron?, ¿para qué sirvieron’, si es que se hicieron. Es indispensable poner orden en las distintas dependencias, determinando cuáles son las estructuras reales y no las que están sobre el papel, mientras la verdad es diferente, y exigir perfiles, competencias, estudios, que sean atinentes con las tareas para un determinado cargo.

La academia puede cooperar en esta definición, y estoy segura de que más de una empresa privada prestaría gustosa algún o algunos empleados expertos en estructura organizacional y en gobierno corporativo, que puedan preparar un trabajo estricto que conduzca a una austeridad eficiente en el gasto. No se trata de suprimir los impuestos, pero sí de buscar que estos se ciñan disciplinadamente a las obligaciones particulares del Estado, y que a través de su cumplimiento y de un enfoque riguroso de los subsidios, se cumpla con la necesaria redistribución equitativa de los ingresos.

Cada peso que recaude el Estado debe producir el máximo beneficio para los ciudadanos, para ello se requieren normas de gestión y mediciones exigentes con regularidad en el tiempo. Eso es gobernanza eficaz. Es un tema para que los candidatos hagan sus propuestas y las cumplan, y presenten cómo nos van a informar sobre los resultados de la gestión en los diferentes frentes del gobierno.

Impuestos sí, pero no para el bolsillo de los más vivos y abusivos, sino para mejorar la calidad de vida de toda la población y para que las empresas puedan estar seguras de contar con las condiciones fundamentales que les permitan desarrollar sus objetivos y crear empleo productivo y riqueza.