La justicia es la prioridad

Hace una década, hizo carrera la idea que el siglo XXI se llamaría ‘el siglo de los jueces’, y había una razón de fondo para defender esa creencia: en medio de la crisis heredada, en gran parte por el narcotráfico, que había permeado a la clase política, a una porción importante del sector empresarial y a los gobiernos, la justicia había pagado muy caro su rectitud y buen comportamiento. Así, las cortes Constitucional y Suprema se habían convertido en un soporte de la democracia colombiana. Las dos eran las instituciones con más alta favorabilidad entre la opinión pública.

Diez años después el panorama es distinto. Los dos más altos magistrados de la máxima Corte son acusados por exigir dinero a cambio de favorecer investigados en un contubernio con congresistas, en el que los favores mutuos guiaban el accionar legal. El tráfico de influencias y los ríos de dinero colocaron a los dos poderes en los más bajos niveles de favorabilidad. Luego se conocieron muchos más casos como el del fiscal anticorrupción, quien fue extraditado a EE. UU y cuyo desenlace tiene temblando a muchos; el tráfico de pensiones con ayuda de jueces y muchos casos regionales que pasan por la alcaldía de Cartagena, y los contratistas del Valle del Cauca y los magistrados de varios departamentos.

Y ahora, acaba de aparecer uno especial: en un país polarizado por el alcance del acuerdo firmado con las Farc y las dudas sobre el modelo de justicia para quienes estuvieron en el conflicto, un fiscal de la Justicia Especial de Paz (JEP) es capturado recibiendo plata para favorecer la no extradición de un guerrillero acusado de narcotráfico después de haber entrado en vigencia dicho acuerdo.

Este último, sin demeritar a los anteriores, es el episodio que deja peor parada la administración de justicia, en momentos en que el Presidente de la República deberá decidir acerca de la sanción del estatuto de la ya cuestionada y maltrecha JEP, y en el cual no puede tener contemplación alguna para bien del país.

No hay que decirse mentiras. La confianza de los colombianos en la justicia ha alcanzado el nivel más bajo de la historia moderna de nuestro país. ¡Y de toda la justicia! La corrupción, la politiquería, ineficiencia, baja calidad técnica y profesional de los jueces, lentitud de la administración y desconexión con los ciudadanos, constituyen hoy el principal problema político y social del país, cuyo desenlace no da aliento alguno si no se actúa con rapidez.

Ciertamente, la corrupción y malos manejos no son exclusividad de Colombia, pero la baja ponderación de la justicia sí nos coloca en un ranking nada favorable y dañino para la sociedad, incluyendo a la economía y los negocios, al punto que las empresas extranjeras ya no solo hacen la evaluación financiera de un potencial negocio en el país, sino que ponen especial atención a la contratación de abogados con poder de lobbying y cercanía a los miembros de los tribunales.

Sin exagerar, la pobreza, inequidad, desempleo y fallas en la economía son problemas de baja importancia frente al caos que se vive con la justicia en el país. Y este no puede ser indiferente ni el Gobierno, ni el Congreso de la República, menos el sector privado y la casi inexistente sociedad civil. Y en particular, el Congreso no puede ‘sacarle el cuerpo’ al estudio de este asunto, con el argumento de que no se entiende con la Ministra de Justicia. La reforma a la justicia es un tema de la agenda nacional, no de la administración de turno. Y la colosal explosión de abogados egresados de universidades buenas, regulares y malas debe ser un tema que tiene que abordarse en una urgente reforma a la justicia en el país.

Empresario exportador

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