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Una ‘decision política’

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Así calificaron algunos dirigentes de gremios, como el de los industriales y el de los agricultores, la decisión del Gobierno de hacer un pequeño ajuste al salario mínimo. Según ellos, subir de 3,4% al 4% el aumento del salario mínimo para este año es una “decisión política”, porque desde el punto de vista económico y técnico no es viable ni sostenible pagar $3.000 más al mes a los trabajadores que deben subsistir con el salario mínimo. Para hacer más apocalípticas sus declaraciones, también dijeron que con esta medida se iba a generar desempleo.
Están muy equivocados los gremios y tratan de confundir a la opinión, al pretender que un aumento del 4% es “político”, pero que si el Gobierno les hubiera hecho caso y hubiera decretado sólo un 3% esa sí hubiera sido una decisión “técnica”.
Es una especie de doble moral disfrazada con argumentos sustentados en una teoría económica conservadora: si la decisión oficial coincide con la recomendación de los gremios y defiende sus intereses, entonces hay que aplaudirla porque es “técnica”. Pero si la determinación usa los argumentos keynesianos y se acerca, asi sea sólo un poco, a defender los intereses de los trabajadores, entonces hay que criticarla porque es “política”.
La realidad es que hay teorías económicas que respaldan ambas posiciones. La visión de los gremios coincide con los economistas neoliberales que ven el trabajo como una mercancía cuya oferta y demanda depende el precio de la misma. Entonces, si sube el precio del trabajo (el salario) habrá menos demanda del mismo por parte de los empresarios y, por lo tanto, aumentará el desempleo.
La teoría opuesta afirma que la demanda de trabajo depende de la demanda por los productos de las empresas: si estas venden más, entonces deben producir más, para lo cual necesitan enganchar más trabajadores. Ahora bien, las ventas de las compañías dependen de la capacidad adquisitiva de la población, que se incrementa con el salario mínimo, razón por la cual el aumento de este puede incentivar la creación de empleo.
Como la economía no es una ciencia exacta, ninguna de las dos teorías es una verdad absoluta y universal; sin embargo, hay evidencia para demostrar que uno de los problemas que enfrentan hoy las empresas es la falta de demanda y que un ínfimo ajuste en el salario del 0,6% no es significativo para inducir a decisiones de despedir trabajadores. Además, las políticas laborales de los últimos 8 años deterioraron los ingresos de los trabajadores y la calidad del empleo disque para estimular la creación del mismo, y el desempleo no disminuyó. En conclusión, la decisión del Gobierno tiene sustentos técnicos.
Pero más allá de la discusión teórica, es cierto que el ajuste del salario mínimo sí fue una decisión política y también lo hubiera sido si no se hubiera hecho. Siempre es política, porque es una decisión que influye sobre la distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios. De hecho, la Ley 278 de 1996 ordena que dentro de los parámetros para fijar el salario mínimo se debe tener en cuenta la contribución de los salarios al ingreso nacional.
En esta pugna distributiva, el Gobierno anterior tomó partido de lado de los empresarios. La mentada “confianza inversionista” fue una estrategia para esquilmar los ingresos de los trabajadores de una manera tan descarada y radical que entre el 2002 y el 2007 la participación de las utilidades de la empresas en el PIB pasó del 28,9% al 33,7%, es decir, un incremento de casi 5 puntos porcentuales, equivalentes a unos 15.000 millones de dólares anuales, a costa de la participación de las rentas de trabajo que cayó en una cuantía similar.
La decisión de Santos no sólo es política, sino que es un bienvenido cambio de política.
 
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