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Encuestas irresponsables

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Irresponsable: según el diccionario de la RAE, es la persona a quien no se puede exigir responsabilidad, es decir que no puede o no está obligado a rendir cuentas, o como dirían los gringos, no tiene accountability.
Esta definición aplica a las publicaciones de las encuestas electorales que no tienen que rendir cuentas a nadie por los resultados que divulgan, solo deben cumplir un requisito formal de informar sobre la ficha técnica de la encuesta y quién la financió, lo cual cumplen –en letra menuda que nadie lee– si es en los periódicos, o en un pantallazo de 2 segundos, si es en televisión –que nadie alcanza a leer–.
¿Por qué tienen que ser responsables y rendir cuentas los sondeos electorales? Porque se han convertido en un factor importante en las decisiones de los ciudadanos para la elección de sus mandatarios y representantes y, por lo tanto, en un actor de peso en el sistema democrático.
Otras encuestas, por ejemplo, las que contrata una firma para conocer las preferencias del consumidor sobre los atributos de un nuevo producto, son diferentes a las electorales, por lo menos en dos aspectos. Primero, no tienen consecuencias políticas ni afectan la democracia, y segundo, sí tienen que rendir cuentas porque si el encuestador se equivoca no lo vuelven a contratar.
Lo que está pasando hoy con los sondeos electorales es un verdadero caos, un río revuelto en el que salen a pescar oportunistas o, peor aún, manipuladores que las contratan para aprovechar la confusión. No tiene sentido que en ciudades como Bogotá o Cali cada uno de los tres principales candidatos resulte ganador en alguna de las encuestas, o que unas arrojen empates técnicos, mientras en otras haya diferencias tan grandes entre el ganador y los restantes que ya den por definida la elección.
El problema es que estos resultados, ampliamente divulgados por los medios, influyen en la decisión de voto de por lo menos tres grupos de votantes: primero, de aquellos indecisos que no sabían por quién votar; segundo, de los que no pensaban votar y deciden hacerlo para que gane o no gane un candidato, y tercero, de los que cambian su voto para apostarle al seguro ganador. El llamado ‘voto útil’, se rige por las encuestas.
De otra parte, las encuestas que se equivocan, de buena o mala fe, no rinden cuentas. Hoy, solo unos pocos recuerdan las grandes pifias en los pronósticos de elecciones pasadas, como por ejemplo en la segunda vuelta entre Santos y Mockus en el 2010, o las que dieron como ganador a Peñalosa en Bogotá, o a Kiko Lloreda en Cali. Y cuatro años después, los encuestadores vuelven a ser contratados sin tener en cuenta esos antecedentes.
Ante la realidad de su influjo en los votantes y la falta de rendición de cuentas, las encuestas electorales deben ser reguladas para que no distorsionen la democracia. Una posibilidad es el código de autorregulación que han propuesto las mismas firmas encuestadoras, pero es necesario ir más allá.
Se debe aplicar a las elecciones de alcaldes y gobernadores la prohibición, que hoy existe para las presidenciales, de no publicar encuestas la semana antes de los comicios. Se debe exigir una publicación simplificada, pero legible de la ficha técnica, que explique las diferencias metodológicas y sus consecuencias, así como crear un sistema de información público que compare los pronósticos pasados de cada encuestador con los resultados de las elecciones. Así, el votante tendrá criterios para interpretar las encuestas y estas no serán tan irresponsables.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com

 
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