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Estabilidad macro y desigualdad (II)

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La columna de la semana pasada sobre cómo ha aumentado la desigualdad en Colombia desde los años 90, cuando la búsqueda de la estabilidad relegó a un segundo plano todos los demás objetivos de la política económica, suscitó un interesante debate con los exministros Guillermo Perry y José Antonio Ocampo. Los dos afirman que durante su gestión se trató de mejorar la distribución del ingreso como consecuencia del gran aumento en el gasto social, que se buscó financiar aumentando los ingresos públicos con la progresiva reforma tributaria de 1995.
También coinciden los dos en sostener, con base en estudios muy documentados, que en Colombia y América Latina lo que más contribuyó a aumentar la desigualdad en los ingresos no fue el control de la inflación y del déficit fiscal, sino la destrucción de empleo y el aumento de la informalidad, causado por la perversa tenaza de apertura comercial hacia adentro y la revaluación causada por la entrada de capitales de todo tipo.
Es verdad lo que dicen y, por supuesto, no pienso que mis dos amigos hayan sido ministros neoliberales. Sin embargo, es cierto que en su gestión les tocó lidiar con una junta directiva del Banco de la República que en los 90 sí dio prioridad total y absoluta al control de la inflación, hasta que la Corte Constitucional la obligó a pensar en el empleo y el crecimiento, pero después de que había quebrado la economía y generado la innecesaria recesión de fin de siglo.
El punto principal de mi análisis no es la distribución del ingreso, sino de la riqueza. El hecho es que la mayor estabilidad macro ha generado un gran aumento en la riqueza nacional, como lo indican, por ejemplo, la enorme valorización de las acciones de las empresas en la Bolsa de Valores o la subida de los precios de la propiedad raíz rural y urbana.
Por supuesto, esta creación de riqueza no es un hecho negativo, sino muy positivo para cualquier país. Pero hay dos problemas. El primero es cómo se ha distribuido. Cómo las acciones y la tierra están en muy pocas manos, la riqueza creada también benefició a muy pocos y se agrandó la brecha entre ricos y pobres.
Desafortunadamente, en Colombia no se mide de manera continua y sistemática la distribución de la riqueza, como sí se hace en otros países, pero los pocos indicadores que existen son alarmantes. Por ejemplo, en un estudio que realizamos con la Universidad Nacional a mediados de la década pasada, encontramos que 500 accionistas eran propietarios del 74,3 por ciento de las acciones en la Bolsa, o que 2.313 terratenientes agrícolas eran dueños del 53,5 por ciento de la tierra en Colombia.
El otro problema es quién ha asumido los costos de la estabilidad macro. Eso es lo que sucede hoy en Europa con las políticas de austeridad, que están desmantelando el Estado de Bienestar y perjudicando a los sectores más débiles de la sociedad para que baje el costo de la deuda y las acciones vuelvan a subir de precio. O lo que pasa en Colombia, con el enfoque sesgado e incompleto de la sostenibilidad fiscal que solo se predica frente a los derechos sociales y económicos como las tutelas para salud, y no frente a otros gastos públicos como el de defensa o las multimillonarias demandas de contratistas de obras públicas.
Si los partidos políticos fueran serios, el debate sobre la distribución de la riqueza debería ser uno de los temas centrales de las campañas electorales.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com
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