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Las gabelas tributarias

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Es mucha plata: 8,5 billones de pesos; equivalen a 1,3% del PIB y es la tercera parte del déficit fiscal estimado para este año.
Esa es la cantidad de dinero que el Gobierno piensa destinar en los próximos cuatro años a dotar de agua y alcantarillado a cinco millones de personas. Con eso podría, por ejemplo, otorgar en un solo año 850.000 subsidios de vivienda de $10 millones cada uno.

Muchas cosas podría hacer el Gobierno con esa cantidad de plata, pero no puede porque $8,5 billones es el monto de los impuestos que dejó de recibir el año pasado por las exenciones y deducciones tributarias que tienen los declarantes del impuesto de renta.
Es mucho más de lo que podría recibir con una reforma tributaria.

El astronómico costo de algunas de las gabelas tributarias existentes fue revelado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó al Congreso, donde, además, estima que el costo fiscal de las exenciones al IVA en el 2010 fue de otros $570.000 millones.

Sorprende que hasta ahora no haya habido el más mínimo debate sobre este tema y que, con excepción de unos pocos titulares de prensa, la noticia haya pasado casi desapercibida.
Sobre todo, porque en el análisis detallado de las gabelas tributarias se encuentran muchos aspectos interesantes.

Por ejemplo, que a pesar de que el Gobierno Santos bajó del 40% al 30% la deducción por inversión en activos fijos (uno de los elementos centrales del huevito de la ‘confianza inversionista’), lo que dejó de recibir el Estado en el 2010 por este inútil regalo a los más ricos creció 3% con respecto al año anterior, llegando a $3,8 billones.
Más absurdo es saber que el 40% de esta gabela se la lleva el sector minero, que no necesita estos incentivos para invertir.

Sin embargo, el informe presentado por el Ministerio es incompleto y el costo fiscal de las gabelas tributarias es mucho más alto.
En efecto, la Ley 819 de 2003 obliga a estimar el costo fiscal de todas las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes, y son varios los que no se incluyen en el capítulo cuatro del MFMP, como el costo de las zonas de tolerancia fiscal creadas por la administración anterior, también conocidas como zonas francas, o lo que deja de recibir el Gobierno por las exenciones al cuatro por mil o GMF.

En el caso de las nuevas zonas francas, el sofisma que trató de justificar la rebaja de la tarifa del impuesto a la renta del 33% al 15% era que eso no constituía un costo fiscal, sino un mayor recaudo de impuestos, porque se trataba de empresas que no se hubieran creado sin ese incentivo. Abundan los ejemplos de companías que sólo se trasladaron de sitio, o de proyectos de inversión ya decididos que se convirtieron en zonas francas uniempresariales.
El país debe saber cuánto le está costando esta gabela.

Para el 4 x 1.000, el Gobierno nunca informó del costo fiscal de las 19 exenciones existentes, a pesar de que desde el 2004 tenía la obligación de hacerlo.
Con la eliminación de algunas de estas exenciones, que se hizo en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3,2 a $4,5 billones, lo que significa que el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1,3 billones. Falta conocer cuánto valen las exenciones que aún quedan.

Ahora que la sostenibilidad fiscal va a ser un principio constitucional, hay que decir que las gabelas tributarias son más peligrosas para esa sostenibilidad que la financiación de los derechos económicos y sociales que garantiza la Constitución.

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