El glifosato no tuvo la culpa

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) el área sembrada de coca en Colombia llegó a 146.000 hectáreas (has.). Es un realidad preocupante, pero debe ser analizada con cuidado para no sacar conclusiones –más motivadas por odios y envidias de unos expresidentes, que por hechos y datos– de que al país se lo tomó el narcotráfico como resultado de la debilidad del gobierno y del Acuerdo de Paz con la guerrilla.

Algunos hechos para tener en cuenta.

Primero, la causa del aumento de los cultivos ilícitos no es porque el gobierno hubiera suspendido las fumigaciones con glifosato, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La experiencia demostró que esas fumigaciones no sirven para controlar la producción de hoja de coca y solo logran que los cultivos se desplacen a nuevos sitios, aumentando la deforestación. Entre el 2005 y el 2007 se fumigaron 470.000 has. y el área cultivada de coca aumentó de 83.000 a 100.000 has., entre el 2005 y el 2014 se fumigaron 1,2 millones de has. y el área cultivada solo se redujo en 14.000 has. Dejar de usar glifosato no tuvo la culpa.

Segundo, hay evidentes factores económicos que sí explican el aumento de los cultivos ilícitos. Ante todo, la devaluación del peso frente al dólar. Al pasar el precio del dólar de 1.800 a 3.000 pesos, los cultivos de coca se hacen mucho más rentables, pues, según el mismo Simci, el precio del kilo de hoja de coca subió 40 por ciento. Con un incentivo de estas magnitudes, es apenas lógico que se incremente la producción. Otro factor económico ha sido la caída del precio del oro que hizo menos rentable la minería ilegal, llevando a que muchos mineros se fueran a cultivar coca. Estudios de Daniel Rico, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), han demostrado la estrecha correlación inversa entre el precio del oro y el área de cultivos ilícitos.

Tercero, no es cierto que por el Acuerdo de Paz se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico. Lo que ha habido es un cambio de estrategia que ya no se concentra contra el campesino cocalero –que es más una víctima que un delincuente–, sino contra los otros eslabones de la cadena, como los laboratorios de producción de cocaína y los distribuidores. Las mismas Farc están colaborando en esta tarea. Por eso, en dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156 por ciento, al pasar de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 4.513. Como consecuencia, a pesar del aumento de la producción de hoja de coca, el precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos no ha disminuido. Con esas cifras se comprueba que es otra gran mentira, de los que sabemos, acusar al gobierno y a la Fuerza Pública de haber bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico.

Elemento esencial de la nueva estrategia contra el narcotráfico es la erradicación voluntaria y, sobre todo, el apoyo para la sustitución de cultivos, desarrollando fuentes alternativas de ingresos.

Es cierto que el anuncio de ayudas económicas para la sustitución indujo un aumento temporal del área sembrada de coca; es la respuesta lógica del campesino que no tiene ingresos para sobrevivir. Pero en el largo plazo, la única garantía para que los campesinos no vuelvan a sembrar coca es que tengan alternativas de cultivos rentables en lugares con facilidades de transporte y comunicación. Esa es la transformación que necesita el campo colombiano, y no más galones de glifosatos envenenando el suelo.