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A mí que me esculquen

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La semana que termina fue de malas noticias para los ‘buenos muchachos’ protegidos y defendidos por el expresidente Uribe.
El homenajeado general Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de prisión por ser el “líder de un contubernio criminal con las Auc”, y el general Santoyo aceptó ser culpable del delito de apoyar a narcotraficantes y paramilitares.
Otros dos casos de personas muy cercanas a Uribe, a las que se les comprueban actividades ilícitas y nexos con delincuentes, llevan a repetir la pregunta sobre la responsabilidad del exmandatario en estos hechos.
En el caso de Santoyo, Uribe negó de plano que él hubiera dado alguna orden para cometer estos delitos, y pidió a la justicia norteamericana que lo investigara para corroborar su inocencia. Como a la gente hay que creerle, hasta que no se demuestre lo contrario, podemos aceptar que es cierto que Uribe no dio ninguna orden, pero ese no es el problema.
También es posible que Uribe no le haya dado la orden a Jorge Noguera, su primer director del DAS, que pusiera esa entidad al servicio de los paramilitares, o que tampoco haya ordenado a María del Pilar Hurtado que usara el DAS para chuzar a la Corte Suprema, líderes de la oposición o periodistas.
Aceptemos que no le pidió a Mancuso y sus asesinos que lo apoyaran en su campaña electoral del 2002, ni que obligaran a la gente a votar por él (como confesó Mancuso), y que no mandó a sus amigos ‘parapolíticos’ a que firmaran el pacto de Ralito para refundar la patria y se tomaran el 35 por ciento del Congreso.
Por supuesto, debe ser cierto que Uribe no organizó la sangrienta retoma del departamento de Córdoba por los paramilitares, ni las atrocidades cometidas a las puertas del Ubérrimo.
Nadie osaría pensar que Uribe diera la orden a oficiales del Ejército de montar falsos positivos y asesinar a más de mil jóvenes inocentes. Puede ser que sí le haya insinuado a Luis Carlos Restrepo que montara falsas desmovilizaciones de guerrilleros, pero si él lo niega le podemos creer.
Asimismo, se puede creer que Uribe no le dio la orden a Sabas Pretelt de sobornar a Yidis y Teodolindo para que votaran a favor de la reelección, ni al Superintendente de Notariado que les diera notarías en pago por sus votos. Es posible que Bernardo Moreno no hubiera recibido ninguna orden para reunirse en los sótanos de la Casa de Nariño con alias ‘Job’, ni que armara montajes con Tasmania para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema.
Ni siquiera en asuntos familiares se puede acusar a Uribe de ordenar ilícitos.
Seguro que él no le dijo a sus hijos que compraran terrenos baratos para que los vendieran bien caros después de que su gobierno los autorizara para zonas francas, y a su hermano no le debió decir que se relacionara y tuviera un hijo con una mujer, hoy extraditada por narcotraficante.
Podemos creer que Uribe no dio órdenes en estos casos y tantos otros, pero lo que no es creíble es que un presidente que conocía hasta que estaban dañados los baños de un aeropuerto regional no se hubiera enterado de todos los delitos de personas de su círculo más cercano.
Su responsabilidad es política, porque él nombró a esos funcionarios, y cuando fueron acusados los defendió y mandó a cargos diplomáticos o les recomendó que se fugaran. Aquí no se trata de un elefante, sino de toda una manada de dinosaurios, grandes y cavernícolas.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
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