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Nacionalizaciones buenas y malas

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La decisión soberana de Argentina de retomar el control de su petróleo, ha sido duramente criticada por estatista y por quebrar la estabilidad jurídica que requieren los inversionistas privados.
La determinación puede ser discutible, pero la mayoría de esas críticas han pasado por alto los motivos que tuvo el Gobierno argentino para la nacionalización de su empresa petrolera por el mal manejo que estaba dando Repsol a uno de los recursos naturales más estratégicos para cualquier país.
Lo primero que se debe plantear es que la toma de control de empresas privadas por parte del Estado no es siempre negativa o criticable, en muchos casos es conveniente y hasta necesaria.
De hecho, algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras por la adquisición forzada del 51% de las acciones de Repsol-YPF por parte del Estado argentino, en su momento aplaudieron la nacionalización de bancos y otras entidades financieras que se hizo en Inglaterra, EE. UU., y otros países en la crisis del 2008.
En Colombia también han sido aplaudidas intervenciones del Estado para nacionalizar o tomar el control de bancos y otras empresas como Saludcoop.
El Estado, en su papel de regulador del mercado, tiene la potestad y, en algunos casos, la obligación de defender el interés público, incluso en contra de los derechos de algunos particulares.
Por eso hay que analizar el contexto y las razones de cada nacionalización para saber si se justifica o no.
Esto es lo que no se ha hecho en el debate sobre el caso de Repsol, y los medios han dado poca información sobre la situación del abastecimiento de petróleo en Argentina; tampoco mencionan que aún después de la nacionalización de Repsol-YPF el Estado argentino va quedar con menos control sobre su petróleo que el que tienen Brasil, Colombia y México.
El otro punto que vale la pena destacar es que lo que se va a hacer en el caso de Repsol es una expropiación con indemnización, es decir, que la empresa española sí va a recibir una compensación por sus acciones.
A propósito, cabe recordarle al presidente Santos que en Colombia sí ha habido expropiaciones, y algunas de ellas sin indemnización, como el caso de la Financiera FES, o el más escandaloso de Granahorrar, donde sus accionistas fueron despojados de su propiedad sin recibir un peso.
El verdadero punto álgido del conflicto entre Argentina y Repsol es cuánto se va a pagar por las acciones: ¿cuál es su precio justo? y ¿quién y cómo va a hacer la valoración de YPF?
Estas cuestiones son más complejas tratándose de empresas petroleras, pues está el debate sobre a quién pertenecen las reservas de petróleo que explota la firma, y si el valor de estas debe ser incluido en el precio de las acciones.
En Colombia la Constitución no deja dudas en cuanto a que el petróleo y todos los recursos minerales pertenecen a la Nación, y las empresas privadas solo reciben una concesión para explotarlos, a cambio de la cual deben pagar unas regalías al Estado.
Lo que ha pasado con la venta, entre particulares, de empresas mineras como la Drummond o La Ventana, es que se ha pagado un precio alto que incluye el valor del carbón y el oro colombianos, y el Estado no ha recibido nada de esas ganancias extraordinarias por el absurdo nivel tan bajo que tienen las regalías de esos minerales.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
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