Para ir avanzando

 

Por segunda semana consecutiva el doctor Gabriel Rosas ha tenido el gesto de mencionarme en su columna.

Esta situación me ha puesto ante un dilema. Me parece descortés soslayar sus inquietudes sobre mis planteamientos, pero también me parece irrespetuoso con los lectores convertir las páginas de opinión en escenario de discusiones personales.

Por eso he optado por avanzar en el debate, mencionando algunos elementos que debería tener una nueva política agrícola.

Digo nueva, porque no creo que alguien crea seriamente que hay que mantener un modelo que ha tenido resultados lamentables: el agro colombiano creció menos que el promedio latinoamericano desde 1985, se paralizó el año pasado, y es el sector que menos crecimiento ha aportado al PIB recientemente. Tan pobre balance se ha dado en el marco de una política agropecuaria cada vez más onerosa para los contribuyentes, que además ha migrado de las páginas económicas a las judiciales.

En primer lugar, la política agropecuaria debe eliminar la asignación discrecional de ayudas a unos pocos, y proveer bienes públicos que beneficien a todo el sector. Entre el 2001 y el 2009 se duplicó la participación de las ‘ayudas directas’ en el presupuesto sectorial. Para avanzar en infraestructura y desarrollo productivo hay que reasignar el presupuesto y limitar las visitas de ciertos gremios a los despachos públicos.

En segundo lugar, el Gobierno debe eliminar el desincentivo a las exportaciones de la política actual. Algunos han señalado que los aranceles de ciertos productos agrícolas han bajado, pero no aclaran que en pocos meses volverán a subir por el singular diseño del sistema de aranceles variables.

A eso se suma una batería de instrumentos que van desde las salvaguardias hasta el cierre de puertos para evitar el ingreso de productos agropecuarios. ¿El resultado? Mientras las economías importantes de la región han reducido los aranceles del agro, llevándolo a crecer al ritmo del mercado mundial, Colombia ha aumentado la protección de sectores anquilosados.

En tercer término, el Gobierno debe revisar la coherencia de la política de fomento a los biocombustibles con otros objetivos sectoriales y con el bienestar del consumidor.

Los porcentajes crecientes previstos para las mezclas de biocombustibles no sólo sacarían del mercado a la mayoría de los carros que se importan al país, sino que además representan una reducción de la oferta de insumos como el azúcar y el aceite de palma para otros usos, con las consecuentes alzas en precios para los colombianos.

Finalmente, el Gobierno debe fijar claramente su posición sobre los inmensos proyectos agropecuarios que se están desarrollando en la altillanura, varios de los cuales se concentran en productos en los que no somos competitivos. Si seguimos por esa vía, muy pronto la promisoria altillanura empezará a pedir protección y ayudas directas, lo que se convertiría en un nuevo capítulo de una patética historia sin fin.