Convengamos que cien días constituyen un periodo demasiado corto para evaluar la gestión de un mandatario. Pero, aunque todavía no se pueda hacer un balance de los resultados económicos de la administración Santos, sí se pueden examinar sus intenciones y sus prioridades para anticipar lo que ha de venir. El balance arroja cosas buenas, malas y feas. Lo bueno es que el equipo de Gobierno tiene un diagnóstico claro de los principales problemas económicos del país, y cuenta con idoneidad técnica para diseñar propuestas para resolverlos. Un ejemplo es la prioridad que les ha otorgado a algunas iniciativas, respaldándolas de manera decidida a pesar de la impopularidad que puedan tener en ciertos círculos.
Ese es el caso de proyectos como la ley de restitución de tierras, la reforma al régimen de regalías y el revolcón al sistema de salud, que son fundamentales para el país. Sin una redistribución de la tierra, no habrá paz en el campo y el sector agropecuario no podrá desarrollar su potencial productivo. De otro lado, es evidente que el desangre de la salud no se iba a detener a punta de peleas de micrófono y que era necesario formular modificaciones de fondo. Por su parte, la reforma a las regalías no sólo busca mayor equidad en la distribución de un activo colectivo, sino que además constituye un paso importante hacia una política fiscal anticíclica y sostenible. A este objetivo también contribuye la iniciativa de una regla para la sostenibilidad fiscal que hace cola en el trancón legislativo.
Lo malo es que los alcances de algunos de estos propósitos pueden verse seriamente limitados por la timidez de otras propuestas. Las virtudes macroeconómicas de la reforma a las regalías y la sostenibilidad fiscal quedarían convertidas en un canto a la bandera si no se acompañan de una reforma tributaria estructural, pero hasta el momento el Gobierno ha estado más interesado en mantener su promesa de no subir impuestos que en meterle el hombro al tema. Por otro lado, sin avances sustanciales en la generación de empleo y la reducción de la informalidad, el sistema de salud volverá a trastabillar, y lo cierto es que las propuestas de primer empleo y formalización laboral son insuficientes para lograr esos propósitos. Entre tanto, la redistribución de la tierra sólo traerá frustraciones si no se plantea un modelo de crecimiento sostenible para el campo que exige desmontar la protección a sectores ineficientes y privilegiados, como lo han hecho otros países que han sido exitosos en este frente, como Brasil. En ese sentido, es una lástima que el Gobierno haya dejado pasar la oportunidad de la reciente reforma arancelaria, dejando prácticamente intacta la excesiva protección al agro, tal vez para no pisar callos en el Congreso.
La timidez de estos proyectos pone de presente lo feo de este balance: aunque hay buenas intenciones y buenas propuestas, todavía pueden encallar por cuenta de la política. Por ahora las iniciativas económicas son sólo eso, iniciativas, y pueden salir bien o mal dependiendo de la capacidad del Gobierno para sacarlas adelante. Habrá que ver qué hace el presidente Santos con su altísima popularidad, teniendo en cuenta que encara la fragilidad de una alianza oportunista como la Unidad Nacional y la incertidumbre que plantea la densa sombra del partido de 'la U'.