¿Qué hacer con el desempleo?

La situación de la economía colombiana recuerda el famoso minicuento de Augusto Monterroso que dice así: "cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Ahora que estamos despertando del estancamiento económico, nos volvemos a topar con el viejo dinosaurio del lamentable estado del mercado laboral.

Colombia terminó el año pasado con un desempleo de 11,3 por ciento, lo que ubica al país como el campeón de la desocupación en América Latina.

Dos millones y medio de colombianos desocupados constituyen caldo de cultivo para la expansión de la inseguridad y el deterioro social. Como si eso no fuera poco, de cada 100 trabajadores ocupados en las 13 grandes ciudades, 58 son informales.

Esta creciente informalidad erosiona los ingresos de la gente y mina la sostenibilidad financiera de sectores clave de la economía, como lo muestra la actual crisis del sistema de salud.

La naturaleza del problema laboral está clara desde hace rato. Colombia es campeona del desempleo y la informalidad por una sencilla razón: el costo de contratar a un trabajador es excesivamente alto comparado con su productividad y con lo que cuesta una máquina que lo reemplace.

Mientras los costos laborales no salariales han crecido y crecido en los últimos lustros, hasta llegar a representar más de 50 por ciento del salario, el costo de adquirir máquinas ha bajado y bajado, de la mano de gabelas tributarias, bajos aranceles y revaluación.

En estos días se ha conocido una propuesta sugestiva para enfrentar esta situación, promovida por los ex ministros de Hacienda y Economía de Colombia y Argentina, Rodrigo Botero y Domingo Cavallo. A grandes rasgos, la iniciativa sugiere sustituir el estímulo tributario que hoy existe para quien invierta en activos fijos, por otro incentivo para quien genere nuevos empleos.

La iniciativa tiene varias ventajas: crearía más puestos de trabajo, incentivaría la formalización del empleo informal existente y no tendría costo fiscal, porque el valor del nuevo incentivo para el trabajo sería similar al que ya existe para la inversión.

Cualquiera diría que esas ventajas bastan para que el país se lance de cabeza a aplicar la propuesta. Pero antes de dar el salto conviene sopesar algunos riesgos. El primero tiene que ver con la inequidad: un estímulo como éste se sumaría al sinnúmero de tratamientos excepcionales que han convertido la normatividad en una colcha de retazos, lo que ha hecho que las distintas empresas enfrenten reglas del juego cada vez más desiguales.

Resolver una distorsión introduciendo otra distorsión no parece ser lo más recomendable. El segundo riesgo tiene que ver con el fraude: ¿cuántos avivatos cerrarían sus operaciones productivas hoy para reabrirlas mañana con una nueva razón social, acogiéndose al incentivo sin generar un aumento neto en el empleo? Como decía Darío Echandía, "Colombia es un país de cafres".

El tercer riesgo se refiere a la discrecionalidad que puede conllevar la medida: uno de los grandes problemas de cualquier incentivo es que tiene aroma a favor gubernamental, y esa situación en un año electoral puede ser fatal.

La mejor solución al problema del empleo sigue siendo la eliminación abierta de los sobrecostos laborales, financiando su componente social con impuestos generales, y de las gabelas a la inversión. Ahora bien: si estamos tan fregados como para que ningún candidato presidencial le meta el hombro a esos cambios, entonces sí tendríamos que discutir otras opciones.