Contra el guayabo

En los últimos días se ha calentado la discusión sobre uno de los mayores engendros que tiene la regulación económica del país. Se trata de una normatividad que restringe la libre competencia, fomenta el contrabando y perjudica al consumidor. Estamos hablando de la mala maña de discriminar los licores importados frente a los nacionales.

En este caso la discriminación se aplica por dos caminos. El primero es la discrecionalidad que tienen las autoridades departamentales para poner trabas a la distribución de licores provenientes de fuera de sus mercados regionales. La posibilidad de vender en un mercado departamental está mediada por un laberinto de contratos, autorizaciones y convenios, que en la práctica favorecen la amplia distribución del licor local en detrimento de la competencia.

La discriminación también emerge a la hora de pagar tributos. El impuesto al consumo de bebidas alcohólicas tiene dos tarifas, cuya aplicación depende del contenido de alcohol que tenga cada producto. Las bebidas con menos de 35 grados de alcohol deben pagar 288 pesos por cada grado, mientras que las que tienen más de ese nivel deben pagar 456 pesos. Como los licores importados tienen en promedio más grados alcoholimétricos que los nacionales, este régimen tributario se traduce en una elevación del precio relativo de los primeros frente a los segundos.

Al respecto hay una noticia buena y otra mala. La buena es que el proyecto del Plan de Desarrollo, que se discute actualmente en el Congreso, propone la eliminación de la discriminación tributaria y de las barreras de acceso a los mercados departamentales. Así no solo se superarían esas distorsiones, sino que el país avanzaría en el cumplimiento de obligaciones adquiridas en el marco de la Organización Mundial de Comercio y de tratados regionales suscritos en los últimos años.

La mala noticia es que ya le están apareciendo opositores a la eliminación de estos engendros normativos. Según informó este diario hace unos días, la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras y la Federación de Gobernadores han expresado su desacuerdo, argumentando un potencial deterioro de las finanzas departamentales, y se rumora que se estarían movilizando bancadas regionales para bloquear su paso en el Congreso.

El temor sobre una potencial reducción de los ingresos departamentales es respetable, pero ignora una realidad económica esencial: las restricciones regulatorias son el suelo más fértil que existe para el contrabando, que en el caso de los licores podría rondar el 20 % del mercado. De esta manera, la eliminación de esas distorsiones aumentaría el tamaño del mercado legal, y por esa vía los ingresos de los departamentos.

En la discusión del Plan de Desarrollo, los congresistas tienen la oportunidad de superar uno de los aspectos más anacrónicos de la regulación económica que tiene Colombia. Estas restricciones, heredadas de la tradición colonial, son más propias de regímenes autoritarios e intervencionistas, que de una economía como la nuestra, que está haciendo esfuerzos para elevar su competitividad y entrar de una vez por todas en la modernidad. Vamos a ver si son capaces.