A propósito de buitres...

La cesación de pagos en que ha caído Argentina ha generado una insólita reacción del Gobierno de ese país. La presidenta Cristina Fernández ha repetido una y otra vez que no existe tal cesación de pagos, y que todo es resultado de una decisión judicial perversa y de un sistema financiero injusto que debe ser reformado.

A fuerza de repetirlo, el discurso ha agarrado vuelo, al punto que en Colombia algunos piensan que la cosa va por ahí. Sin embargo, esos planteamientos diluyen responsabilidades y llevan la discusión a un terreno politiquero, en el cual las consignas superan el sentido común.

Para poner las cosas en su justa proporción conviene hacer una síntesis de los hechos. Tras haber acumulado una cuantiosa deuda en la década de los noventa, caracterizada por el derroche público y privado, Argentina declaró una cesación de pagos en el 2001 al no poder honrar sus obligaciones. Después de muchas negociaciones, logró que 92 por ciento de sus acreedores aceptaran que solo les pagaría la tercera parte de lo adeudado, mientras el 8 por ciento restante no aceptó y optó por seguir batallando en el terreno jurídico.

Como resultado de ese proceso, un juez de Nueva York decidió en días pasados congelar uno de los pagos que Argentina iba a hacer a quienes accedieron a recortar sus demandas, argumentando que primero debería pagarles a quienes les debe la totalidad de la deuda, lo que derivó en esta nueva cesación de pagos.

Es innegable que la situación de Argentina es muy complicada. Si insiste en desobedecer al juez, enfrentará una gran escasez de recursos externos que se traducirá en mayor devaluación, mayores tasas de interés y una profundización de las presiones recesivas. En cambio, si paga lo que debe a quienes no aceptaron reducir sus acreencias, corre el riesgo jurídico de tener que cancelar la totalidad de la deuda a los que aceptaron reducirla hace unos años. En ese caso, el monto a pagar sería tan grande que haría colapsar la economía.

La complejidad de esa situación no puede ocultar varias verdades. La primera es que quienes no aceptaron reducir sus acreencias están en todo el derecho de querer que les paguen lo que les deben, incluso si esa deuda ya está en manos de terceros oportunistas como los comúnmente denominados fondos ‘buitres’. La segunda es que antes del 2001 Argentina derrochó los recursos que tomó prestados, sin generar las condiciones para pagarlos posteriormente. Además durante la última década la economía gaucha disfrutó un inmenso auge externo que le debería haber permitido hacer un manejo más responsable de sus obligaciones externas.

A ello se agrega la noticia publicada hace unos días por el Wall Street Journal, según la cual el patrimonio de Cristina Fernández y su difunto marido se multiplicó por siete entre el 2003 y el 2010, justo mientras los acreedores de Argentina hacían cola intentando que les pagaran. Lo que queda claro es que en esta situación los fondos no son los únicos buitres.