Reversazo pensional

En menos de una semana el gobierno cambió de opinión sobre la reforma pensional. Hace diez días el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había dicho que el próximo semestre se llevaría al Congreso una iniciativa en ese sentido, pero el martes pasado la ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que el gobierno no piensa presentar la reforma este año.

Este reversazo es muy preocupante en la medida en que el país tiene una apremiante necesidad de encarar de una vez por todas el problema pensional.

Cualquier sociedad que se precie de ser civilizada debería tratar de garantizar una vida digna a sus ciudadanos al llegar a la vejez, con criterios de equidad y sostenibilidad.

En contraste, la situación del país es vergonzosa: apenas uno de cada tres colombianos aporta al sistema pensional, y sólo uno de cada cuatro logra pensionarse.

Y no es que dediquemos pocos recursos a atender este problema: a pesar de la escasa cobertura, el déficit pensional representa un altísimo costo para las finanzas públicas, ascendiendo a más de 3,5 por ciento del PIB y a la cuarta parte del recaudo tributario, con el agravante de que una porción importante de esos recursos financia pensiones millonarias de sectores privilegiados y contribuye a preservar una competencia desigual entre el régimen público y el privado.

Con un sistema pensional que es inequitativo, que tiene una pobrísima cobertura y que representa un alto costo fiscal, es evidente que el problema no da espera.

Sin embargo, la ministra de Trabajo ha justificado el aplazamiento afirmando que si el gobierno quiere hacer una reforma estructural, necesita promover previamente un amplio debate nacional.

Los argumentos de la ministra generan varias inquietudes. Está bien que el gobierno quiera discutir el tema, pero ese proceso no tiene porqué tomar los primeros 17 meses de la administración Duque.

La aprobación de una reforma de este calado requiere de un gran músculo político, y para nadie es un secreto que con el paso del tiempo el capital del gobierno se seguirá menguando. ¿Por qué esperar hasta 2020 para presentar un proyecto de reforma pensional cuando podría hacerse en el segundo semestre de este año?

La respuesta parece estar en otro lado. En octubre habrá elecciones regionales y es probable que el Centro Democrático no quiera que la gente vaya a las urnas con una impopular reforma en curso.

Habrá quienes digan que ese cálculo es razonable desde el punto de vista político, pero claramente no es una apuesta responsable: la probabilidad de que se pueda pasar una buena reforma pensional en los próximos meses sería sustancialmente mayor que cuando ya haya transcurrido año y medio de la administración, como lo propone ahora el gobierno.

El semestre pasado los cálculos políticos terminaron cercenando el proyecto inicial de reforma tributaria del Ministerio de Hacienda, y nos dejaron con un parche remedial que no representó ninguna solución estructural para las finanzas públicas. Ojalá los cálculos políticos no vuelvan a hacer de las suyas y terminen dando al traste con la reforma pensional.