Chance para las renovables

Escribo estas palabras desde mi rol de ciudadano con experiencia de más de 25 años en el sector energético y a título personal. Desde hace dos años y medio vengo trabajando el tema de las energías renovables no convencionales para Colombia y en este tiempo hemos tenido un progreso impresionante. El fenómeno de ‘El Niño’ 2015-2016 hizo más evidente la necesidad de la diversificación de la matriz energética colombiana, que es altamente dependiente de las lluvias y utiliza como respaldo una base térmica con combustibles cada vez más costosos.

En la industria de las energías renovables vemos con beneplácito la primera subasta convocada por el gobierno para enero del 2019. Es el resultado de varios años de un trabajo de construcción conjunta entre el gobierno y la empresa privada, de innumerables reuniones con el regulador (Creg), el planeador del sistema (Upme), todos los estamentos del Ministerio de Minas y la Consejería de la Competitividad de la Presidencia de la República, entre otros.

Existen dos temas, en adición a la claridad reglamentaria para la conexión de proyectos al sistema de transmisión, que preocupan al sector de manera considerable y que se espera sean solucionados antes de la subasta en enero. El primero es que únicamente se están ofreciendo 10 años de contrato de venta de energía, cuando en otros países esta industria típicamente se contrata a 20 años. La consecuencia más delicada de esta diferencia con el modelo típico global es que los precios en Colombia serían más altos, dado que los inversionistas deben depreciar sus activos en menos tiempo. En ese sentido, la demanda, es decir todos nosotros, los hogares y las empresas, no veremos los precios más competitivos posibles.

El segundo y, probablemente el más delicado, es la ‘bancabilidad’ de los proyectos, es decir, la capacidad de asegurar su financiación por parte de las entidades crediticias. La subasta va a tener como resultado unos contratos bilaterales entre vendedores (Generadores) y compradores de energía (Distribuidores). Desafortunadamente, en Colombia no todos los distribuidores tienen grado crediticio óptimo, lo que haría que algunos de estos contratos no puedan ser financiados y, por lo tanto, que los proyectos no puedan ser llevados a cabo.

El problema del corto plazo de contratación se soluciona alargando los contratos por lo menos a 15 años y el segundo se resuleve un producto financiero que aglutine a los compradores para que los bancos vean un riesgo de contraparte distinto al riesgo individual de cada distribuidor. Alternativamente, el gobierno puede hacer una asignación prorrata a los compradores que ganen la subasta para que los bancos vean un riesgo de portafolio diversificado. Esta figura tiene el precedente del cargo por confiabilidad en el cual el sistema, es decir todos nosotros, como usuarios de energía, pagamos el costo de la confiabilidad como un seguro necesario para tener energía en tiempos de sequías.

En estos detalles, entre otros, puede estar la diferencia de lograr el mayor impacto positivo de esta primera subasta. Esperamos que el nuevo gobierno termine de cerrar este trascendental tema para el futuro energético, la sostenibilidad y la competitividad del país.

Comité de exalumnos del London School of Economics en Colombia.