Ingreso mínimo vital: protección social contra la inequidad

La pandemia ha dejado en claro las fortalezas y debilidades de los sistemas de aseguramiento social en el mundo. Asumir el desafío de la reactivación social y económica implica reformar los sistemas de protección social para ampliar su cobertura y fortalecer los beneficios de la seguridad social, con miras a combatir la pobreza y la inequidad.

Reemplazar la pérdida de ingresos de los trabajadores por razones no atribuibles a ellos, o complementar la renta insuficiente frente a las cargas de familia, son razones fundamentales de dicho aseguramiento.

Si para algo sirven los sistemas de seguridad social es para proveer recursos en situaciones de crisis o emergencia, individual o colectiva, permitiendo así que los individuos superen los efectos adversos, mediante un soporte público.

Y este respaldo no debe ser solo para los trabajadores con contrato formal de trabajo; debe cubrir a los independientes o cuentapropistas, a los contratistas por servicios y a quienes trabajan en la informalidad.

España, en razón de la pandemia, se diseñó un beneficio denominado ingreso mínimo vital para las familias vulnerables. Es momento de avanzar en la implementación de una medida así en Colombia, sustentada en varios criterios. Entre ellos, ha de asumirse como parte de la seguridad social y tener vocación de universalidad y permanencia, sin que sea solo para reaccionar ante la crisis sanitaria.

Tendrá así mismo, que estar articulada a las demás prestaciones del sistema de aseguramiento y ser sustitutiva de subsidios públicos dispersos, para que se facilite su financiación, con un esfuerzo concentrado del Estado, tanto en lo nacional como en lo territorial.

Su implementación requiere una sólida plataforma tecnológica y de control. Así mismo, quienes perciban las prestaciones de ingreso vital deberían estar acompañados por el servicio público de empleo, a efecto de mejorar sus condiciones de empleabilidad y de facilitar su incorporación al mercado laboral.

Concentrar diversas fuentes para financiar una prestación como esta se aprecia indispensable, comprometiendo, por ejemplo, los recursos por devolución de IVA y los provenientes del esfuerzo fiscal nacional en relación con algunos programas sociales que deberían integrarse.

El ingreso básico vital está llamado a convertirse en el subsidio familiar para todas las familias con menores ingresos en Colombia, pues es la hora de ampliar su acceso para que llegue a trabajadores independientes e informales.

Su operación habrá de darse en forma contracíclica, dinámica y adaptable a las circunstancias, para contribuir eficazmente a la reducción de la pobreza, mediante una plataforma universal que centralice la intervención social en un programa general redistributivo, que provea recursos y servicios, conforme las necesidades del núcleo de convivencia beneficiario, para superar los efectos de la insuficiente renta familiar, o de la reducción o pérdida total de ingresos de las familias.

Como operadoras sociales idóneas y actores de la seguridad social de primer orden, las cajas de compensación familiar estarían llamadas a ejercer la administración de esta prestación, cuya implementación en corto plazo haría posible enfrentar tanto el retraso económico que deja el covid-19, como los retos estructurales de una sociedad con una brecha de equidad que debe saldarse.

Exviceprocurador Genral