Para retornar la confianza en el campo

La nueva hoja de ruta del Gobierno y, en particular, las bases del Plan, mandan una señal interesante sobre el tema agrario; pues acepta que el crecimiento del sector no le corresponde únicamente a la cartera de agricultura, sino que requiere de políticas transversales y de otras acciones ministeriales en áreas de salud, educación, comercio, comunicaciones, defensa, entre otros. Además, reconoce que Colombia es un país de países y que requiere de estrategias regionales para su progreso, con un modelo de desarrollo incluyente de pequeños, medianos y grandes productores.

Sin embargo, para impulsar la competitividad rural, a través de la provisión de bienes públicos y servicios sectoriales, como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo, y para que los campesinos y agroindustriales colombianos puedan competir con los grandes del mundo, es necesario crear las condiciones que permitan elevar el crecimiento del sector con políticas claras de seguridad e inversión. Somos conscientes de que no todo depende del Estado y que son los empresarios nacionales y extranjeros, con capacidad de inversión, los llamados a apoyar y apalancar este desarrollo.

Si bien el Plan plantea otorgar certeza y estabilidad sobre los derechos de propiedad de la tierra adquiridos, conforme a la Constitución y la Ley, es fundamental tener voluntad política y contundencia para mostrar que en Colombia sí hay seguridad jurídica sobre la propiedad.

Conozco empresarios colombianos y extranjeros con gran interés de invertir en Colombia, pero, dadas las condiciones actuales de inseguridad jurídica, se han abstenido de hacerlo y han buscado opciones en otros países con mayor estabilidad. Incluso, sé de fondos que tienen en sus mandatos a los gestores la prohibición de invertir en tres países, Venezuela, Argentina y Colombia; así, mientras en otros países ofrecen incentivos y cuentan con una normatividad clara, que garantiza la seguridad jurídica sobre la propiedad, en Colombia nos enfrascamos en discusiones ideológicas.

No podemos permitir que la inversión extranjera se le niegue a Colombia por cuenta de una interpretación errónea de la Ley 160 de 1994. El Gobierno y el Congreso tienen en sus manos un proyecto que, si se ajusta para aclarar explícitamente la no retroactividad de la ley, les retornará la confianza a los inversionistas interesados en regiones como la Orinoquia y brindará la seguridad jurídica a más de 16.000 propietarios de diferentes tamaños. Teniendo en cuenta la caída del precio del petróleo, una tasa de cambio volátil y una economía mundial inestable, no podemos continuar dependiendo de las actividades extractivas. Bien lo han señalado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el propio Presidente de la República, que ante las actuales circunstancias económicas, el sector que podría generar un mayor crecimiento es el agropecuario.