El negocio de unos pocos

En medio de la intensa realidad nacional, a veces es difícil prestarle atención a casos escandalosos como el que afecta la operación que tiene Ecopetrol en jurisdicción del municipio de Acacías, en el departamento del Meta. Los episodios de esta semana, en los cuales se presentaron actos de vandalismo que obligaron a apagar 92 pozos, que producen cerca de 10.000 barriles de petróleo diarios, son a todas luces inquietantes.

Y es que en lugar de una protesta social con fundamentos respetables, lo que hay aquí es una presión indebida para controlar la contratación de personal residente en la zona, que hace la empresa de mayoría estatal. Desde hace rato, se ha documentado cómo varias juntas de acción comunal de la región cobraban hasta el 15 por ciento del salario de un individuo que era certificado como vecino del lugar, en lo que operaba como una bolsa de empleo informal con propósitos cuestionables.

Debido a ello, la compañía buscó desmontar el esquema de expedir certificados de manera cuestionable, que ya dejó al menos un asesinato. La expedición de un decreto que habilita a cualquier habitante del municipio a participar en los procesos de selección que se abran en igualdad de condiciones, se constituyó en el detonante de los disturbios.

Ante esa circunstancia, las autoridades necesitan mantenerse firmes y contar con el respaldo de las autoridades locales. Si bien hay presencia de la Fuerza Pública, no deja de ser un reto cuidar más de medio millar de pozos que operan en el campo Castilla y evitar que se produzca una tragedia.

Pero no hay más remedio para frenar la ilegalidad. Justo cuando la industria petrolera enfrenta múltiples desafíos, es el momento de desmontar prácticas que en un comienzo eran bien intencionadas y acabaron siendo el negocio de unos pocos.